El escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez (Matanzas, 1989), cofundador de la revista El Estornudo, atiende a elDiario.es desde Nueva York. Está en contacto con colegas y amigos y sigue muy de cerca las últimas movilizaciones contra el Gobierno en la isla, de la que salió en 2015.

Hace unos meses, en otro periodo convulso protagonizado por la agitación disidente del Movimiento San Isidro, Álvarez volvió a su país natal para informar y apoyar a los activistas, pero fue detenido en dos ocasiones –y posteriormente puesto en libertad–.

La curva de contagios de COVID-19 vuelve a crecer en Europa con el inicio del verano y el fin de la mayoría de las restricciones. Una vez más, comienzan a extenderse las medidas para frenar el virus. Pero esta vez, con el avance de la inmunización como principal diferencia respecto a olas anteriores, varios países europeos están apostando por restringir ciertas actividades, principalmente en espacios cerrados y de ocio, a personas que acrediten estar vacunadas o no estar enfermas a través de pasaportes COVID.

Los casos confirmados de coronavirus se han disparado en prácticamente todos los países de Europa Occidental en la última semana.

La Fiscalía Anticorrupción ha atribuido a Francisco González un presunto delito de administración desleal "por haber utilizado recursos" de BBVA "para su uso exclusivamente personal", en referencia a una valoración encargada para la adquisición de una finca a título privado.

En un escrito presentado el 8 de julio, los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro han requerido al juez que cite a declarar al exdirectivo de la entidad financiera en el marco de la pieza número 9 del 'caso Tándem', en la que se investigan los contratos de BBVA al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Las principales patronales alimentarias y agrícolas de España han lanzado una campaña conjunta "contra los bulos y ataques injustificados, cuando no interesados" que atañen a su sector. La campaña se llama Nutrisensatos y, aunque aseguran que es una idea que llevan tiempo madurando, su lanzamiento coincide con la polémica provocada por el vídeo en el que el ministro de Consumo pide a los españoles que coman menos carne.

"No nace en respuesta a Garzón", han asegurado sus promotores en una presentación a la prensa.

El Consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal del Participaciones Industriales (SEPI), ha aprobado este martes otorgar a Tubos Reunidos el préstamo participativo que había solicitado el fabricante vasco de tubos por un importe de 112,8 millones, según la información remitida a la CNMV.

La empresa realizó en enero esta solicitud de apoyo público temporal con cargo a este Fondo, ante la situación actual del mercado y de su propia actividad derivada del impacto de la pandemia del covid-19, que le llevó a cerrar 2020 con unas pérdidas de 101,3 millones.

El Banco de España recibió en 2020, el año de la pandemia, más de 21.300 reclamaciones de consumidores contra los bancos que operan en el país. Esta cifra supone un incremento del 45,6% respecto a los datos de 2019, según figura en un informe del organismo supervisor publicado este martes. Es un dato también superior al del año 2018, pero todavía queda por debajo de los años de más conflictividad por ciertas malas prácticas en la banca, como fueron las cláusulas suelo (2013 y 2014) o los gastos hipotecarios (2017).

Hace exactamente un mes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exhibía los 10 sobresalientes y un notable que había concedido al plan español de recuperación. Lo hizo el mismo día que también comunicaba el aprobado portugués, los dos primeros planes que recibieron el visto bueno de Bruselas, en un claro mensaje de que, en esta crisis, a diferencia de las anteriores, se quiere priorizar la salud económica del sur de Europa.

Y este martes ha llegado el último examen, el de los socios europeos reunidos en Bruselas en un Consejo de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin), en el que, como estaba previsto tras el visto bueno de la Comisión Europea, se ha dado vía libre a los 69.500 millones en transferencias solicitados por España hasta 2023 –la otra mitad, en forma de créditos, aún no ha sido solicitada por España, y tiene hasta 2026 para hacerlo– y, para empezar, a 9.000 millones de prefinanciación por planes comenzados en febrero de 2020 que podrían llegar a partir de julio.

La cifra de fallecidos por la ola de disturbios y saqueos que sacude Sudáfrica en los últimos días asciende ya a 32, según ha confirmado este lunes el presidente del país, Cyril Ramaphosa, quien apeló a toda la sociedad a restaurar la "calma".

Los altercados, que comenzaron el pasado viernes en forma de protesta por el reciente encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, cuentan hasta el momento con 757 personas arrestadas.

"El camino de la violencia, de los saqueos y de la anarquía solo lleva a más violencia y devastación.

La oleada de disturbios y saqueos que sufre Sudáfrica se han intensificado este martes y acumula ya 72 muertos y 1.234 detenidos desde la semana pasada, mientras la Policía y el Ejército intentan estabilizar las zonas afectadas.

Los graves incidentes se concentran en dos regiones: la oriental provincia de KwaZulu-Natal y el corazón político y económico de la nación más desarrollada de África, la provincia de Gauteng –donde se encuentran Johannesburgo y Pretoria–.

En esas zonas, durante los últimos días turbas de personas arrasaron completamente centros comerciales y tiendas, quemaron vehículos e inmuebles y cortaron calles y carreteras.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el reparto de 2.800 millones de euros entre las comunidades autónomas para el despliegue de inversiones relativas a rehabilitación de vivienda, modernización y digitalización de la educación e industria audiovisual. De estos, el grueso de 1.631 millones van dirigidos a la rehabilitación.

Según ha explicado la nueva portavoz de Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez, 1.151 millones van destinados a la rehabilitación de viviendas y barrios y el resto, 480 millones, a la rehabilitación de edificios públicos.