El fraude y los abusos en la contratación temporal en España están muy extendidos. No es solo una afirmación que repiten sindicatos, economistas y personas expertas en el mercado laboral español. Se hace evidente en las actuaciones de la Inspección de Trabajo, cuando cada ciertos meses lanza alguna campaña contra esta irregularidad en la contratación. En los últimos cuatro meses, la Inspección ha convertido en fijos a 144.000 trabajadores temporales fraudulentos. El Gobierno quiere "atajar" este fraude con nuevas medidas y más penalizaciones en su reforma laboral prometida a Bruselas dentro del Plan para la Recuperación, que tendrá lugar casi en su totalidad en 2021.

A última hora de la tarde del pasado viernes, el Gobierno envió el plan de recuperación a Bruselas. El documento contenía un mensaje sobre la eliminación de los beneficios fiscales para las declaraciones conjuntas que llevó al Ejecutivo a tener que matizarlo y negar que estuviese en marcha esa medida. Este miércoles, la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha insistido en el mensaje de los últimos días y lo ha achacado a una "errata". Lo que sí es un compromiso del Gobierno es la revisión durante los próximos años de una quincena de beneficios fiscales, entre los que se encuentra el citado anteriormente, con el objetivo de analizar si sus objetivos iniciales se cumplen y si su coste es acorde al impacto logrado con ello, según figura en el detalle del Plan de Recuperación y Resiliencia, conocido este miércoles.

El Gobierno baraja 2024 como la fecha en la que se podría comenzar a implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, como respuesta a los dos principios en los que se basará a partir de ese momento la utilización de las carreteras: "quien contamina paga" y "el que usa paga".

Hasta ese momento, el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de "concienciación y sensibilización" sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida, según lo asegura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas.

Palabra por palabra, la reforma de pensiones enviada por el Gobierno de coalición a Bruselas ha sido publicada este miércoles. Las líneas generales de las modificaciones, en torno a nueve ejes de reforma, ya se conocían debido a que el Ejecutivo había informado de ellas a los agentes sociales. Pero el texto definitivo enviado a la Comisión Eueopea se ha conocido por primera vez hoy y de él se pueden extraer algunas novedades. Por ejemplo, define el margen temporal en el que pretende aumentar lo que cotizan los salarios más altos de manera progresiva, durante las próximas tres décadas, y se retira la palabra "ampliar" (se deja solo "adecuar") respecto al periodo de cómputo para calcular la pensión de jubilación a partir de 2023.

El Gobierno dedicará 2.916 millones de euros de fondos europeos a crear zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Es casi la mitad —el 44%— de la inversión prevista en movilidad sostenible en entornos urbanos, que asciende a 6.536 millones de euros según el documento publicado este miércoles por Moncloa. De esos, 2.000 millones irán a la instalación de puntos de recarga y adquisición de vehículos eléctricos y otros 1.620 a mejorar el servicio de Cercanías (estaciones, vías, sistemas de información.

El Gobierno reconoce que la nueva factura eléctrica que entrará en vigor en junio no abaratará la luz a corto plazo. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confían en una “cierta reducción” del recibo medio tras su puesta en marcha, pero advierten de que el sistema “no busca reducir el precio de la electricidad de manera inmediata”, sino dar “señales adecuadas” para lograr consumos “más eficientes” e incentivar el despliegue del autoconsumo y el coche eléctrico.

El ministerio va a lanzar una campaña “masiva” para explicar la nueva factura, que entrará en vigor el 1 de junio tras varios aplazamientos.

Coto a las empresas subvencionadas con fondos públicos de fuera de la UE. Uno de los pilares de la Unión Europea es el mercado único, en el que rigen unas normas para garantizar la igualdad de oportunidades. Esto quiere decir que las aportaciones públicas concedidas en la UE deben ser autorizadas por la Comisión Europea. Pero, ¿qué pasa con las empresas que reciben inversiones mirando fundamentalmente a Pekín?

Para abordar ese problema, la Comisión Europea ha propuesto este miércoles un nuevo instrumento para abordar los posibles efectos distorsionadores de las subvenciones extranjeras en el mercado único.

La compañía de renovables Opdenergy ha anunciado este miércoles que aplaza, sin fecha, su salida a Bolsa, prevista para este miércoles. La empresa había preparado la operación para captar 400 millones de euros en una ampliación de capital, pero las dudas de los inversores, plasmadas este martes con el mal debut de Ecoener han llevado a tomar esta decisión. El grupo ha explicado a la CNMV que "a la vista de las inestables condiciones de los mercados en su conjunto y para las compañías de energías renovables" decide aplazar su llegada al parqué.

El empleo aumentó en abril en 134.396 personas afiliadas a la Seguridad Social respecto a marzo (+0,71%) y el paro registrado se redujo en 39.012 personas (-0,99%), según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Seguridad Social y el de Trabajo. Abril es un mes habitual de creación de empleo, alimentado por el empuje del turismo, en muchas ocasiones por la Semana Santa y el inicio de actividades impulsadas por el buen tiempo. Este año no ha podido haber gran parte de este empuje.

La exvicepresidenta del Gobierno y ex ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha abandonado la presidencia de Motion Rail, la filial de transporte ferroviario de Talgo, tras quedarse fuera esta sociedad del proceso de liberalización del AVE resuelto por Adif a finales de 2019.

El cese de Salgado, avanzado por Crónica Global, se inscribió en el Registro Mercantil el 21 de abril. "Una vez que no ganamos el concurso de los surcos, el proyecto se ha quedado en stand-by y no tenía sentido que yo siguiera siendo la presidenta de Motion Rail", explica la exministra a elDiario.es.