El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha pronosticado este lunes que “a medio plazo, el precio de la luz va a bajar”, gracias a la entrada en el sistema eléctrico de nuevas plantas de energías renovables, y una vez se ponga en marcha el fondo que ha planteado el Gobierno para sacar de la tarifa el coste de las renovables más antiguas y cargarlo al conjunto de los consumidores energéticos.

En una entrevista con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, que ha clausurado la jornada ‘El camino a la energía limpia’, organizada por este medio, Bogas ha negado que la nueva tarifa eléctrica que entrará en vigor en junio vaya a propiciar “una gran subida de la luz” y ha querido romper “una lanza” a favor del Ejecutivo por implantar este nuevo sistema de tarifas.

La guerra de las telecos no tiene tregua en España. Lejos de estabilizarse el mercado de las operadoras de telefonía, el año 2021 ha comenzado con un nuevo récord de portabilidades, como se conoce a las operaciones para cambiar de compañía. Entre enero y marzo de este ejercicio casi 2 millones de consumidores (1,95 millones) decidieron cambiarse de compañía telefónica, un dato nunca antes alcanzado según las estadísticas que publica mensualmente la autoridad supervisora del sector, la CNMC.

El dato supone un incremento frente al que se obtuvo durante el primer trimestre del año pasado del 16%.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha abogado este lunes por una “correcta” incorporación del mercado europeo de emisiones de carbono que no frene la recuperación.

Durante su intervención en la inauguración de la jornada ‘El camino a la energía limpia’, organizada por elDiario.es, Ribera ha aludido así al espectacular incremento del coste de los derechos de emisión de carbono, que se ha duplicado en unos meses hasta el récord de 50 euros por tonelada que marcó la semana pasada.

Beatriz González recuerda con detalle las tres prendas que se cargó durante sus meses como lavandera. "Un polo, un chaleco y un jersey de lana", cuenta. "Todo lo pagué de mi bolsillo, porque hay seguro pero los 150 primeros euros los asumes tú. La formación iba a ser de una semana en mi tienda y al final fueron cuatro horas en Valencia, donde encima las lavadoras no funcionaban. Escribí para que me ayudasen, pero no vino nadie".

González está llamada a declarar el próximo 13 de mayo.

El conflicto familiar por el Goya inédito vendido por el marido de Esperanza Aguirre a Juan Miguel Villar Mir también afecta a las millonarias ayudas públicas recibidas por Savial SL, empresa agrícola cuyo administrador único es el cónyuge de la expresidenta madrileña, el aristócrata Fernando Ramírez de Haro.

El hermano de este, el diplomático Íñigo Ramírez de Haro, asegura en la ampliación de la querella que presentó el 6 de abril ante el juzgado de instrucción 26 de Madrid que Aguirre y su marido "han desviado en provecho de Savial SL los frutos y subvenciones" de "centenares" de hectáreas que la familia comparte, tras el reparto de diversas fincas como parte de la herencia de los suegros de Aguirre en régimen de proindiviso (sin dividir los bienes).

Algunos llevan "20, 18, 16 años” instalando equipos y líneas para Vodafone, reparando las averías de sus clientes, y no saben si mantendrán su empleo el mes que viene. Son alrededor de "600 personas" que trabajan para Vodafone en distintos puntos del país, pero que no están contratadas directamente por la multinacional. Dependen de la compañía murciana Icono Enterprise, a la que Vodafone ha rescindido el contrato tras veinte años de subcontratación. "No sabemos qué va a ser de nosotros. Vodafone es el único cliente de Icono Enterprise", explica Pedro Hernández Fernández, presidente del comité de empresa en la sede de Murcia.

El Gobierno ha abierto en los últimos días el melón de uno de los debates más impopulares que existen: los peajes. Y las posiciones encontradas no han tardado en expresarse. La financiación de las carreteras en España, especialmente en lo que se refiere a su mantenimiento, ha sido un tema controvertido de debate público desde hace años, especialmente en lo referido a los rescates de radiales o la gestión de las concesiones. Ahora, el Ejecutivo ha incluido en el plan de recuperación que ha enviado a Bruselas su compromiso para aprobar un modelo fiscalidad por el uso de estas infraestructuras.

A menudo se critica que el pilar social europeo es más declarativo que vinculante. Sobre todo si se mira atrás, a la gestión de la anterior crisis económica al dictado de los recortes en derechos sociales, servicios públicos y sacrificios de los que aún no se habían recuperado economías como la española o la griega antes de la llegada de la pandemia.

Pero con la pandemia se suspendieron las reglas fiscales, aquellas que sí obligan a unas cifras de déficit y deuda, so pena de recibir castigos, pero no las de paro, inversión en servicios públicos o en educación, como tampoco la persecución de la competencia desleal por la vía de impuestos que realizan algunos países, como Holanda, Luxemburgo o Irlanda.

Muchos vieron las llamadas 'colas del hambre' durante la pandemia y no identificaban esa imagen con su país. En sus barrios, en grandes ciudades de una de las mayores economías europeas, se formaban largas filas de ciudadanos que necesitaban ayuda para comer. El parón económico por el coronavirus sacó a la luz, puso rostro, a las miles de personas que viven en riesgo de pobreza o gran precariedad en España. Las estadísticas oficiales ya lo indicaban y lo denunciaban organismos como Unicef, pero en muchos casos estas situaciones de vulnerabilidad permanecían ocultas.

Para comprender por qué los grandes partidos conservadores alemanes están cayendo de un tiempo a esta parte en los sondeos de intención de voto hay que saber de los negocios que hicieron varios de sus diputados en la pandemia. Algo turbio han de tener esos negocios cuando se les conocen en Alemania como 'Maskengate', algo así como "mascarillasgate".

Con ese nombre se alude al caso de los diputados conservadores que ganaron dinero cobrando comisiones al facilitar la venta de mascarillas a organismos públicos en plena pandemia.