El Gobierno ha abierto definitivamente en el último mes el complicado debate sobre el modelo fiscal del país para los próximos años. La reforma fiscal, el comité de expertos y el plan de recuperación han traído consigo un objetivo para el Ministerio de Hacienda: acercarse a la recaudación que tienen otros países europeos. No es una tarea fácil, ya que las posiciones de las que se parten respecto a la media comunitaria son muy lejanas. De los 27 países que componen la Unión Europea, España ocupa la posición 19 por el nivel de ingresos fiscales frente al PIB, conocido habitualmente como presión fiscal.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Código de Buenas Prácticas al que las entidades financieras podrán adherirse para facilitar la renegociación de la deuda avalada contraída por las empresas y los autónomos, que contempla la extensión del plazo de vencimiento de los créditos ICO, la conversión dichos créditos en préstamos participativos y la posibilidad de aplicar quitas a la deuda.

Según ha explicado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se trata de un marco de referencia para implementar, en colaboración con las entidades financieras, las medidas de reestructuración que se aprobaron en el real decreto de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, un paquete dotado con 11.000 millones de euros.

La creciente desigualdad y la acuciante necesidad de los países de elevar la recaudación para abordar el desequilibrio de las cuentas públicas tras la pandemia puede hacer de la fiscalidad sobre las herencias y donaciones un "importante instrumento", según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). "La crisis ha exacerbado las desigualdades existentes y ha golpeado más a muchos hogares vulnerables, y los enfoques tradicionales de recaudación, como aumentar los impuestos sobre los ingresos laborales y el consumo, como en la crisis de 2008, pueden ser menos deseables desde una perspectiva de equidad y perspectiva de crecimiento", advierte la OCDE en su análisis sobre el impuesto de sucesiones.

La empresa pública Tragsa prevé seguir aumentando su cifra de negocios gracias a los fondos europeos, tras el fuerte crecimiento que propiciaron los encargos extraordinarios derivados de la pandemia; pero su presidente, Jesús Casas, no quiere “repetir” la experiencia vivida tras la expansión puntual que en la anterior crisis financiera propició la ejecución del Plan E de estímulo económico y los posteriores recortes que aplicó la firma estatal.

“Después del ruido, viene la furia”, ha señalado este martes Casas, durante un coloquio en Executive Forum, para resumir que le suscita "cierta preocupación" el impacto que pueden tener los fondos europeos en una empresa que quiere ser “lo más homogénea posible” y “no crecer en estructura”.

La Airef ha presentado este martes su dictamen sobre el programa de estabilidad que ha enviado la semana pasada el Gobierno a Bruselas con sus previsiones de crecimiento, déficit y deuda para este ejercicio y los tres próximos. El organismo independiente advierte que el Ejecutivo ha presentado un programa "incompleto" al no haber incluido el impacto del plan de recuperación en la evolución de sus cuentas. Pese a ello, rebaja en seis décimas la previsión del déficit que contempla el Ejecutivo para este año y también mejora los datos para los próximos dos ejercicios.

La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, ha dejado el cargo, según han confirmado a Efe fuentes del Gobierno. Le sustituye el técnico comercial economista del Estado Gonzalo García Andrés, que hasta ahora trabajaba en Analistas Financieros Internacionales (AFI) 

La noticia, adelantada por El País, se produce pocos días después de que el Gobierno remitiera a Bruselas el Plan de Recuperación, llave de los 70.000 millones de euros en ayudas que España espera recibir de la Unión Europea entre 2021 y 2023 para hacer frente a los efectos de la pandemia de la covid-19.

El gasto presencial con tarjetas españolas fue en abril un 10% superior al de 2019, esto es: al mismo mes de la antigua normalidad. El comercio electrónico ha sorteado mucho mejor la pandemia, pero el físico no solo se hundió durante el confinamiento sino que le costó arrancar el año debido a las restricciones y el temporal.

En marzo y abril, por fin, la situación se revirtió. Los datos en tiempo real de BBVA muestran que el consumo offline está ya en niveles anteriores a la crisis sanitaria, pese a que el gasto con tarjetas extranjeras siga hundido, como el turismo.

Rechazó unos "10.000" euros de Deliveroo a cambio de dejarlo estar, de no litigiar contra la multinacional su condición de trabajador. Pero dijo no. Víctor Sánchez fue el primer repartidor de plataformas digitales, también conocidos como riders, que llevó a una de las grandes empresas del sector ante la justicia en España. Y ganó. A esa primera sentencia, de junio de 2018, le han seguido casi 50 más y una larga lista de actuaciones de la Inspección de Trabajo que han concluido lo mismo: los mensajeros autónomos de las grandes empresas de reparto de comida a domicilio como Glovo, Deliveroo y Uber Eats no son tal.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este lunes los tres apartados del plan de recuperación enviado a Bruselas que depende de su Ministerio. Son tres apartados: reducir el fraude, adecuar la fiscalidad "al siglo XXI" y mejorar el gasto público. La principal medida que sobrevuela sobre todos los apartados que asume su gabinete es la reforma social, que ahora advierte que podría retrasarse más allá de 2023 si las previsiones de recuperación de la economía tras la pandemia se demorase más allá de las previsiones que se manejan: finales de 2022.

Quedan semanas para que empiece a llegar el dinero. Prácticamente un año después del acuerdo político de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que alumbraron los fondos europeos de 750.000 millones de euros, las partidas pueden empezar a llegar a los países. Así lo han confirmado el vicepresidente económico de la UE, Valdis Dombrovskis; y el comisario de Finanzas, Paolo Gentiloni, ante las comisiones de Economía y Presupuestos del Parlamento Europeo.

"La previsión es que adoptaremos las primeras propuestas de decisiones en la segunda parte de junio", ha afirmado Gentiloni.