Los 60 mayores bancos del mundo concedieron 673.000 millones de dólares de financiación a la industria de combustibles fósiles durante el pasado año. Los datos surgen del estudio anual que realizan un grupo de organizaciones ecologistas internacionales y apuntan a un descenso de casi el 16%. Y lo que es más importante, un dato inferior al de 2016, cuando entró en vigor el acuerdo de París que limitaba las emisiones contaminantes. Sin embargo, los encargados del informe ponen en duda que esta vaya a ser la tendencia a partir de ahora y apuntan a algunos efectos como la subida de precios de los combustibles que habrían incentivado una menor demanda de financiación por parte de estas compañías.

El alcalde popular de Estepona, José María García Urbano, creó el pasado diciembre junto a otro concejal del PP en el municipio una sociedad que participa y administra dos sociedades en Luxemburgo. Al menos una de ellas participa a su vez en empresas españolas con inmuebles y terrenos en localidades como Estepona o la vecina Marbella. Según el Consistorio, García Urbano es un mero "albacea" en esas sociedades, vinculadas a una familia ligada al urbanismo marbellí.

García Urbano, que compatibiliza su cargo en Estepona con el de registrador de la propiedad en San Roque (Cádiz), gobierna desde 2011 con mayoría absoluta ese municipio de la Costa del Sol vecino a Marbella, un punto caliente en la historia española de los escándalos inmobiliarios.

Primero fue la pandemia, después los atascos en las cadenas de suministro. Más tarde llegó la invasión rusa de Ucrania, la espiral de inflación en que derivó, el paro patronal de los transportistas y, ahora, la sequía. Con el IPC (Índice de Precios de Consumo) de la cesta de la compra por encima del 16%, el Gobierno de coalición mantiene la proyección de que los precios de los alimentos van a bajar, aunque aún no se sabe cuándo. En parte, porque ahora se constata que la falta de lluvias puede dejar al mínimo las cosechas y tensionar más la oferta.

La escasez de semiconductores que puso en riesgo a varios sectores económicos hace unos meses planteó un desafío a los 27. Con la amenaza de pérdidas multimillonarias -sólo 180.000 en el caso del sector del automóvil-, la UE se abrió a las ayudas públicas para financiar los chips y Bruselas hizo una propuesta para duplicar la capacidad en 2030. La UE ha llegado este martes a un acuerdo para poner en marcha ese plan que supondrá una inyección de inversiones públicas y privadas de hasta 43.000 millones de euros.

Urge culminar la unión bancaria. Es el mensaje que periódicamente se escucha en el seno de la UE. La última vez que se escuchó el clamor fue en plenas turbulencias financieras tras la caída del Silicon Valley Bank, el colapso del Credit Suisse y el posterior desplome (temporal) del Deutsche Bank. Los dirigentes europeos se conjuraron para espantar el fantasma de la crisis y, unas semanas después del terremoto, Bruselas presenta una reforma del marco de gestión de crisis y garantía de depósitos (CMDI) que tenía pendiente.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comparecido este martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para defender la primera resolución sobre la economía social del organismo, que ha impulsado el Gobierno de España y que se ha aprobado este martes. "Es posible superar un sistema económico despiadado, sin alma, que se funda en los recortes, el olvido de las personas más vulnerables y que está anclado en la desigualdad", ha afirmado Díaz en la emblemática sala de la ONU.

La hija de uno de los cabecillas en la trama por el supuesto fraude de IVA a través de un entramado de empresas pantalla ha declarado como investigada en la vista que sigue en la Audiencia Provincial de Guadalajara, donde ha asegurado que era su padre "al cien por cien" el que tomaba las decisiones en temas de contabilidad y que sus funciones se podrían reducir a ser "los ojos" de su progenitor en la oficina y controlar los saldos de las cuentas porque este "desconfiaba" de su socio, con quien mantenía una relación "tóxica".

Ofensiva judicial contra la decisión de la Comisión Europea de etiquetar como verdes la energía nuclear y el gas. Greenpeace ha llevado al gobierno comunitario ante la justicia para que reconsidere esa decisión, según ha informado en un comunicado. La ONG ecologista ya había intentado que la UE diera marcha atrás al solicitárselo el pasado 9 de septiembre, pero el 8 de febrero recibió la negativa de Bruselas. Ante ese escenario, ha decidido acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), como previamente había hecho el Gobierno de Austria.

La Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, encargada del concurso voluntario de acreedores solicitado por la multinacional Abengoa ha resuelto transmitir a Cox Energy "la unidad productiva comprensiva de los activos y pasivos de las sociedades concursadas", merced a la oferta presentada por la firma y su posterior mejora.

Así consta en un auto de dicha instancia difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La oferta de Cox Energy se compromete "al mantenimiento de la actividad y empleo de la unidad productiva, cifrado en 9.505 los trabajadores".

El 85% trabajadores de los 1.500 de la planta de Amazon en Dos Hermanas (Sevilla) se han sumado este lunes a la huelga convocada por los sindicatos UGT y CCOO. Los datos los ha ofrecido UGT como sindicato mayoritario en la empresa. La huelga, que tenía como objetivo "denunciar las condiciones laborales y la falta de voluntad de negociación por parte de Amazon", estuvo acompañada de numerosas movilizaciones que se prolongaron hasta las 12 de la noche.

Entre los distintos puntos del conflicto, está la rebaja unilateral de salario de los domingos y festivos trabajados.