La huelga general contra la amnistía anunciada por el sindicato de Vox (Solidaridad) está generando mucha discusión en ámbitos laborales por las dudas sobre su amparo legal. Estas radican en dos elementos: la escasísima presencia del sindicato, sin apenas delegados ni implantación en el conjunto del país, y porque la legislación considera ilegales las huelgas convocadas por "motivos políticos". No obstante, varios juristas recuerdan que la huelga es un derecho fundamental, especialmente protegido por la Constitución, por lo que los jueces suelen hacer interpretaciones "bastante amplias y garantistas" sobre su alcance.