La Comisión Europea (CE) propuso este jueves crear un fondo europeo dotado con 100.000 millones de euros que concederá préstamos a los países más afectados por el COVID-19, como España e Italia, para ayudarles a costear medidas destinadas a evitar los despidos por la pandemia.

La iniciativa, bautizada como "SURE", tendrá que ser aprobada por los países de la Unión Europea (UE), que la debatirán en la reunión del Eurogrupo del próximo 7 de abril, donde se espera que adopten más medidas ante una crisis que ha obligado a paralizar gran parte de la actividad económica y amenaza con disparar los niveles de paro, como revelan ya los indicadores de marzo.

El 20,3 % de la población de la Unión Europea (UE) tiene 65 años o más, según datos de 2019 publicados este jueves por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, un dato por encima de la media en España, que es del 19,3 por ciento.

El porcentaje de personas mayores en la UE aumentó un 0,3 % el año pasado respecto a 2018, y 2,9 puntos porcentuales en comparación con la década anterior, indicó Eurostat en un comunicado.

En 2019, los Estados miembros de la UE con mayor proporción de personas mayores fueron Italia (22,8 %), Grecia (22 %), Portugal y Finlandia (21,8 %), Alemania (21,5 %) y Bulgaria (21,3 %), mientras que los porcentajes más bajos se registraron en Irlanda (14,1 %) y Luxemburgo (14,4 %).

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, dijo este jueves que le "preocupa" que algunos Estados miembros de la Unión Europea (UE) puedan excederse en sus medidas durante el estado de emergencia y subrayó que le inquieta "en particular la situación de Hungría".

"Me preocupa que algunas medidas van muy lejos, y me preocupa en particular la situación en Hungría. Tomaremos las acciones que sean necesarias, como ya hemos hecho en el pasado", dijo Von der Leyen en una breve rueda de prensa telemática dedicada a la respuesta de la Comisión Europea contra el coronavirus.

La máxima responsable del Ejecutivo comunitario ya aseguró el pasado martes: "es de la máxima importancia que estas medidas de emergencia no sean a costa de nuestros principios fundamentales y valores de nuestros tratados", pero no mencionó directamente a Hungría.

El Gobierno húngaro no se ha dado este jueves por aludido por el contenido de la carta en la que trece países de la Unión Europea (UE) piden que las medidas de emergencia contra el coronavirus se limiten a lo estrictamente necesario.

Pese a que la misiva no citaba explícitamente a Hungría, su publicación se produjo justo después de que el Parlamento de este país controlado por la mayoría absoluta del primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, aprobase poderes extraordinarias que le permiten gobernar por decreto por tiempo indefinido.

Los trece países comunitarios aseguran en la carta difundida ayer que las medidas de emergencia deben "limitarse a lo estríctamente necesario", ser "proporcionadas y temporales" y respetar los principios del Estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales.

El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, pidió este jueves que la crisis del coronavirus funcione en la Unión Europea (UE) como "un catalizador" para mejorar aspectos como la autosuficiencia de las empresas y rechazó descartar "enfoques no convencionales" para lidiar con sus consecuencias.

En una comparecencia ante la Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo para dar cuenta de la respuesta de Bruselas ante la pandemia, Breton subrayó que el mundo tras el impacto del coronavirus será "uno diferente al que conocemos" e insistió en que ningún país podrá enfrentarlo solo.

"Tenemos que mirar a la innovación. Esta crisis debe ser un catalizador para mejorar lo que estamos haciendo, como nuestra autosuficiencia, y también para mirar a la globalización y relocalización", señaló el comisario francés.

Acuciado por el aumento de casos y muertes, el Gobierno británico abandonó por completo la estrategia que daba prioridad a la formación de inmunidad de grupo y se decidió por medidas drásticas de aislamiento. Sin embargo, uno de los elementos de ese plan continúa persiguiéndole y ha provocado este jueves una furiosa reacción de los medios de comunicación. La falta de tests suficientes para detectar el coronavirus –un error que se ha producido también en otros países europeos– es un dato especialmente dañino para el personal sanitario que lucha en primera línea con la enfermedad.

El dato habla por sí solo.

La Comisión Europea (CE) ha asegurado que seguirá trabajando para elevar los objetivos climáticos de la Unión Europea (UE) en el horizonte de 2030 pese a que haya sido aplazada a 2021 la cumbre del clima de Naciones Unidas (COP26) programada inicialmente en noviembre en la localidad británica de Glasgow.

"No ralentizaremos nuestro trabajo (...). Hemos implementado las leyes clave de la UE para cumplir con nuestros objetivos actuales de clima y energía para 2030. A largo plazo, nos hemos comprometido con la neutralidad climática para 2050 y hemos propuesto una ley climática que hará que este objetivo sea legalmente vinculante", declaró en un comunicado el vicepresidente de la CE para el Pacto Verde, Frans Timmermans.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), organismo de la UE con sede en Parma (Italia), ha asegurado hoy, en boca de su director ejecutivo, Bernhard Url, que “las normas de seguridad alimentaria de la UE ya garantizan protección frente al coronavirus”.

Url, de origen croata, ha hecho esta afirmación en una entrevista concedida el portal EURACTIV-Croacia, en la que explica que a pesar de que el coronavirus puede sobrevivir en las superficies por un espacio de tiempo limitado, las normas de protección alimentaria en los estados miembros de la UE garantizan un elevado nivel de salvaguarda ante alimentos contaminados.

Por primera vez y como consecuencia del coronavirus, este mes el trabajo del Consejo de Seguridad de la ONU será dirigido desde lejos de Nueva York y, concretamente, desde la República Dominicana, país que en abril preside este órgano.

En la isla La Española se encuentra el embajador José Singer, el enviado especial de la República Dominicana para el Consejo de Seguridad, que será el que lidere las deliberaciones del máximo órgano de decisión de Naciones Unidas tras asumir su presidencia rotatoria este 1 de abril.

Se trata, según apuntó en una conferencia de prensa remota, de un día "histórico para el Consejo de Seguridad, dado que su presidencia se desarrollará desde la República Dominicana".

El Consejo de Seguridad de la ONU va a reunirse para abordar las consecuencias de la crisis de la COVID-19 y analizar una posible resolución, según adelantó este miércoles la República Dominicana, que este mes preside el órgano.

Según el representante dominicano, José Singer, varios países han solicitado la cita y ésta se celebrará como muy tarde la próxima semana, aunque podría ser antes.

Por ahora, los embajadores no han discutido una posible resolución, pero no se descarta que el Consejo de Seguridad se pronuncie más adelante.

"Primero vamos a tener la reunión y ver cómo se desarrollan las cosas", explicó Singer en una conferencia de prensa remota.