Todas las instituciones europeas coinciden en que tienen que reforzar sus sistemas de detección y vigilancia para evitar casos de corrupción como el Qatargate, una trata de sobornos a eurodiputados y asistentes desde el emirato y que tiene su origen en Marruecos, según la investigación de la Fiscalía belga. Ahora lo dice también la Defensora del Pueblo de la UE, que da la bienvenida a las propuestas esbozadas por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, pero a la que pide mayor ambición en la respuesta.