La nueva Ley de Vivienda pactada por el Gobierno de coalición con ERC y EH Bildu–ya en el Senado– y la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de construir 183.000 viviendas destinadas al alquiler social conllevan varias derivadas. Por un lado, habrá fondos y firmas de inversión que se lancen a la promoción de viviendas en alquiler, que podrán beneficiarse de esta apuesta por un nuevo modelo inmobiliario que conllevará miles de millones de euros de gasto público. Actividad que también ayudará a las constructoras a acrecentar su negocio en España.