La trama eólica de Castilla y León es una hidra judicial de mil cabezas. El caso principal, en el que están acusados ex altos cargos de Castilla y León por cobrar comisiones a cambio de parques eólicos, sigue pendiente de juicio. Pero de ahí originaron procedimientos administrativos en los que Hacienda reclamaba impuestos de los 47 millones que percibió Alberto Esgueva, exalto cargo de una empresa pública de la comunidad. Esgueva va ganando, especialmente desde que el Tribunal Supremo falló que la Agencia Tributaria se había excedido al inspeccionarlo desde Valladolid y no desde Madrid, donde tenía la sede de sus empresas.