Apagar el teléfono y, por qué no, que el acceso a los sistemas quede suspendido al acabar la jornada laboral. Son dos medidas que podrían dar cumplimiento al derecho a la desconexión de los trabajadores. El derecho a 'desconectar del jefe' fue uno de los que pidió la Eurocámara cuando el continente empezaba a salir de la pandemia, pero su regulación tendrá aún que esperar. Tras trece meses de negociación con los sindicatos, los empresarios europeos se descolgaron del acuerdo. Ahora la pelota de regular ese derecho y el teletrabajo queda en el tejado de la Comisión Europea, que se ha comprometido a elaborar una legislación que sirva de paraguas para los 27.

La Comisión Europea propone un retraso de tres años en la entrada en vigor de los aranceles para la venta del coche eléctrico con el Reino Unido ante los problemas que ha enfrentado la industria para desarrollar las baterías, que constituyen buena parte del valor de los vehículos. Con el Brexit, se estableció un impuesto del 10% en la compraventa de vehículos eléctricos que no tuvieran al menos el 45% de su valor 'Made in Europe' (o en Reino Unido), pero se dejó para más adelante.

España abre la puerta a una reducción anual de un 1% de la deuda para atraer a Alemania al pacto de las reglas fiscales. El ministro de finanzas de ese país, el liberal Christian Lindner, ha puesto la ortodoxia fiscal como línea roja para el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento que se reactivará en 2024 después de casi cuatro años suspendido primero por la pandemia y después por la guerra en Ucrania. La vuelta de las reglas fiscales supone que los países tienen que volver a abrocharse el cinturón para llegar a un 60% de la deuda y un 3% del déficit respecto al PIB, como máximo.

Alemania es la locomotora de Europa y siempre ha sido el alumno aventajado de la UE. Pero la recesión técnica que lleva llamando a la puerta desde hace meses amenaza el mantenimiento de esa posición. La contracción de la principal economía europea disparó todas las alarmas a principios de años en las estructuras financieras de la UE, que las han apagado, aunque mantienen los ojos abiertos. Los problemas económicos de Alemania, derivados en buena medida de la crisis energética que golpeó a Berlín con especial contundencia, han llevado incluso a la Comisión Europea a darle un toque de atención al recordarle que el mantenimiento de las medidas para encargar la crisis energética choca con las directrices que le ha dado a los 27.

Una investigación publicada este lunes en Estados Unidos señala que algunos inversores conocían con antelación el ataque de Hamás a Israel y sacaron provecho en bolsa. Poco después de conocerse este informe, la agencia Reuters recogió que las autoridades israelíes están comprobando estos hechos, que han detectado Robert J. Jackson, Jr., de la Universidad de Nueva York, y Joshua Mitts, de la Universidad de Columbia.

La investigación —titulada "Trading on terror? [¿Comerciar en bolsa con el terrorismo?, en inglés]" y que se puede consultar en este enlace— apunta a que inversores desconocidos sabían que Hamás tenía un plan para ejecutar un atentado en Israel el 7 de octubre y a que habrían utilizado esta información en los días previos para "ponerse cortos" en empresas cotizadas del país atacado y obtener ganancias con estas operaciones.

Las grandes cadenas textiles buscan ganar peso en el negocio de la moda de segunda mano. Una exigencia de sostenibilidad y circularidad que se traduce en nuevas actividades comerciales. En este cambio de foco, Inditex lanzará en España, el próximo 12 de diciembre, su plataforma Zara Pre-Owned, que permite la venta de ropa entre particulares, pero también arreglos y reparaciones y que lanzó hace algo más de un año en el Reino Unido.

La compañía explica, a través de una nota de prensa, que esta plataforma se activará en una semana en Zara.com y permitirá tres tipos de actuaciones.

El Gobierno español se replantea el impuesto creado para gravar temporalmente los beneficios extraordinarios logrados por las energéticas por el incremento de los precios de la energía, porque hay que ver si se siguen produciendo y porque hay que tener en cuenta las grandes inversiones que requiere la transición energética.

"Es importante determinar si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en esa en esa figura. La fiscalidad habitual se puede corregir, modular, pero ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa", ha dicho a EFE la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El precio de la vivienda sigue en ascenso. En el tercer trimestre del año, en verano, subió un 4,5% respecto al mismo periodo de 2022 impulsado, sobre todo, por la obra nueva, que disparó su precio un 11%, su mayor crecimiento en 16 años, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el repunte entre junio y septiembre, nueve décimas superior al del trimestre anterior, el precio de la vivienda libre acumula ya 38 trimestres de incrementos interanuales, más de tres años seguidos, desde la pandemia.

La inmensa mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el PP están boicoteando la llegada a sus propias regiones de más de 300 millones de euros en ayudas adicionales de los fondos europeos para el autoconsumo eléctrico a las que tienen derecho sus ciudadanos y empresas, con el argumento de que el sistema de reparto es demasiado complejo.

Los fondos corresponden a la tercera ampliación del presupuesto de estas ayudas, dotada con 500 millones, con cargo a la segunda fase del Plan de Recuperación, la conocida como adenda, que la Comisión Europea aprobó a principios de octubre.

Los sindicatos mayoritarios han pedido este lunes a Trabajo más ambición en su reforma de los subsidios de desempleo, que ha abierto un nuevo choque con Economía. CCOO y UGT se han ceñido solo al texto de Trabajo, el texto que han analizado esta tarde en la mesa de diálogo social, del que han reconocido que contempla "mejoras", pero han advertido de que es "incompleta". Las organizaciones de trabajadores reclaman más medidas, que presentarán al Gobierno en un documento, así como los empresarios, que han criticado la falta de diálogo hasta la fecha.