TAP, la principal aerolínea de Portugal, es el activo más tóxico de la política lusa. Con la pandemia, el Estado se vio obligado a inyectar 3.200 millones de euros para sostener la existencia de la aerolínea, en una operación muy impopular entre la población. Ahora, a pocos meses de la privatización, los diputados examinan la compañía en una comisión parlamentaria de investigación. Desde el comienzo de las primeras audiencias, las denuncias de injerencia política en la empresa han puesto al Gobierno en un compromiso.