Después del ataque sorpresa de Hamás en territorio israelí del pasado 7 de octubre, la violencia no sólo estalló en la Franja de Gaza, sino también en las redes sociales, donde ha aumentado el discurso de odio y la incitación a la violencia contra los palestinos, cuya voz es “sistemáticamente” silenciada y censurada, según la representante en la Unión Europea de la ONG 7amleh (Centro árabe para el progreso de las redes sociales), Itxaso Domínguez.

“Desde un primer momento, vimos incitación al odio y llamadas a la violencia para expresar la indignación por el ataque de Hamás, y sentar las bases para la reacción de Israel en la Franja de Gaza y contra los palestinos en general”, afirma a elDiario.es la experta en Palestina.

En su discurso del pasado sábado, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apeló a “una guerra santa de aniquilación”, a “realizar la profecía” y a “recordar lo que Amalek os ha hecho”. Amalek es en la Biblia hebrea la nación enemiga del pueblo judío, cuyo exterminio se presenta como ley divina. El propio Netanyahu recitó el pasaje de Samuel 15:3: “Ahora vayan y atáquenlos y destruyan absolutamente todo lo que tengan y no los perdonen, pero mátenlos, tanto a hombres como a mujeres, infantes y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y burros”. Recientemente también se refirió a Israel como “el pueblo de la luz” frente al “pueblo de la oscuridad”.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha anunciado este miércoles que mantiene los tipos de interés, el segundo respiro consecutivo tras once alzas desde marzo del año pasado, pero no descarta volver a subirlos si la coyuntura lo exige.

"El Comité seguirá evaluando información (económica) adicional" para "determinar el alcance de un endurecimiento adicional de la política", apunta el banco central estadounidense, que ha decidido mantener los tipos en la horquilla actual del 5,25% y el 5,5%, su máximo nivel desde 2001.

Por el momento, el alcance de los efectos de las subidas de tipos "sigue siendo incierto", añadió la Fed, que insistió que el comité "estaría preparado para ajustar la postura de la política monetaria según corresponda si surgen riesgos que puedan impedir el logro de los objetivos" de devolver la inflación al 2%.

Si el rumbo no cambia, Chile camina derecho hacia el segundo fracaso de su proceso constituyente. La propuesta de nueva Constitución aprobada este lunes por el Consejo Constitucional, un órgano controlado por el ultraderechista Partido Republicano (con 22 de los 50 escaños) y la derecha tradicional (11 escaños) que desde junio redactaba el texto, no concita el apoyo ciudadano para ser implementada. De mantenerse la tendencia actual, el país podría convertirse en el primero del mundo en acumular dos procesos constituyentes fallidos. Entre ambos ha pasado solo un año y tres meses.

Manuel Pimentel nació en Sevilla en 1961. Vive en Córdoba. Ingeniero agrónomo, licenciado y doctor en Derecho, dejó atrás su experiencia como político –fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales con José María Aznar en la Moncloa– y como mediador de crisis, como la de los controladores aéreos. Fundó la editorial Almuzara, con la que ahora publica 'La venganza del campo', un libro donde recopila artículos publicados a lo largo de los últimos 15 años. En ellos asegura que agricultores y ganaderos se vengan de quienes les han despreciado.

Comprar unas entradas para el cine, ver un partido de fútbol, el teletrabajo o avances tecnológicos como detección temprana de incendios u operaciones quirúrgicas. Todas estas actividades tienen algo en común y es que necesitan del servicio de una operadora de telecomunicaciones. Un sector estratégico, por tanto, que vive en España un momento de cambio de propietarios, fusiones y búsqueda de rentabilidad. Un aluvión de operaciones se suceden tras años de crisis de esta industria.

Las tres grandes operadoras en España (Telefónica, Orange y Vodafone) vienen sufriendo en sus resultados los efectos de la baja rentabilidad del sector, de la que culpan al empuje de empresas de bajo coste como MásMóvil, Digi y otras.

No solo su vida está en riesgo por las bombas que el ejército israelí lanza incesantemente contra Gaza desde el pasado 7 de octubre. Hay quienes dependen de un tratamiento médico para sobrevivir y están viendo cómo la posibilidad de acceder a él de forma sostenida y segura, que ya antes era un auténtico vía crucis dentro de la Franja, se aleja cada vez más. Las personas con enfermedades no transmisibles son víctimas del conflicto, que ha entrado en una nueva fase esta semana, por partida doble y la escasez de suministros, fundamentalmente medicamentos y electricidad, sumada al colapso de los hospitales supone para ellas un peligro añadido.

En verano de 2020, cuando ya estaba claro el daño causado por el COVID, Boris Johnson estaba “obsesionado con que las personas mayores tenían que aceptar su destino” y dejar que los demás siguieran adelante con su vida sin restricciones, según documentó en su diario el entonces jefe científico del Gobierno, el médico Patrick Vallance.

El máximo responsable del seguimiento de la pandemia tuvo intercambios “locos” ese verano y ese otoño con el primer ministro, que tras la primera ola de contagios insistió en levantar las restricciones y que luego se vio forzado a instaurar los cierres más duros en Europa desde diciembre de 2020.

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha asegurado que el banco ha "aparcado" la búsqueda de un socio industrial para Nueva Pescanova, por lo que en la actualidad está abordando un proceso de posicionamiento de la compañía para fortalecer su proyecto empresarial, según recoge Europa Press.

Abanca controla el capital de la empresa de alimentación. La pasada primavera, llegó a un acuerdo con el grupo canadiense Cooke para negociar la venta de su 80% en Nueva Pescanova en una operación que valoraba la empresa en 800 millones de euros. Unas negociaciones que no han fructificado.

El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a miles de reclamaciones de hoteles y restaurantes que pedían millones de euros en indemnizaciones al Estado por las consecuencias económicas que tuvieron para sus negocios los estados de alarma y los cierres ordenados durante la pandemia para frenar el avance del coronavirus. Los jueces, en el primer caso que ha llegado a sus manos, han desestimado la petición de un hotel de lujo de Granada de ser indemnizado con más de 417.000 euros. Explican que las medidas puestas en marcha por el Gobierno fueron "necesarias, adecuadas y proporcionales" y que no han generado ningún derecho de indemnización.