La aplicación del derecho europeo en España nunca ha sido tarea fácil, sobre todo cuando se trata de hacer cumplir las directivas comunitarias a los poderes económicos. A pesar de la lluvia de sentencias europeas contra las malas prácticas, las entidades financieras españolas se resisten a perder su posición de privilegio. La reciente decisión de Bankia de pedir la recusación del magistrado Francisco González de Audicana por falta de imparcialidad es un buen reflejo de las dificultades que deben arrostrar quienes intentan tratar a todos por igual y hacer justicia.
Contextualicemos. El juez cuestionado por la banca, es el titular del Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona, que presentó varias cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) - Cajas.
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