El presidente ruso, Vladímir Putin, tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por violar el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra, que prohíbe los traslados de población de la potencia ocupada a la ocupante y viceversa. Israel, por su parte, lleva décadas incumpliendo exactamente el mismo artículo con la construcción de asentamientos en territorio ocupado y Benjamin Netanyahu, uno de los principales defensores de esta estrategia, puede viajar libremente sin temor a ser arrestado.
En tan solo un año de investigación –y pese a que Rusia, al igual que Israel, no es parte de la CPI–, la Fiscalía del tribunal emitió la orden contra Putin el pasado mes de marzo por el “crimen de guerra de deportación ilegal de población (menores) y transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a Rusia”.
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