Hacía apenas un año que Zhang Po había terminado el colegio cuando una vagoneta de la mina en la que trabajaba en la provincia de Anhui quedó fuera de control y se estrelló contra él provocándole unas lesiones que pusieron fin a su breve carrera como minero del carbón. Desde que en 1999 sufrió el accidente, Zhang ha vivido gracias a las prestaciones por incapacidad que sufraga su antiguo empleador en la ciudad de Huainan, la capital del carbón en Anhui.

En junio de 2024, Zhang se pasó 22 días internado tras protestar frente a la oficina de su exempleador, al que exigía un aumento en la prestación por discapacidad. “Soporté más de 20 días de humillaciones, no tenía teléfono y me quitaron el cinturón y los cordones de los zapatos”, dijo recientemente durante una entrevista a medios de comunicación de China. Zhang explicó que le obligaban a tomar medicamentos y lo ataban a la cama varias horas cada día. Después de tres semanas en el hospital, lo condenaron a ocho días de detención administrativa por “buscar pelea y provocar problemas”.

La historia de Zhang se hizo viral cuando los medios locales se hicieron eco. Desde los primeros informes en abril, los hashtags relacionados con su caso han tenido casi 40 millones de impresiones en la red social Weibo. “Si ni siquiera la ley puede impedir que se diagnostique una enfermedad mental, ¿cómo puede la gente demostrar que no tiene ningún problema?”, escribió alguien en un comentario. “Cuando el poder puede definir arbitrariamente lo que es locura y lo que no es locura, ¡todo el mundo vivirá con miedo a desaparecer!”.

El caso de Zhang no es único. Hace más de diez años China aprobó una innovadora ley de salud mental que supuestamente iba a eliminar este tipo de abusos, pero los activistas y las víctimas denuncian que sigue siendo habitual la hospitalización involuntaria, con el debilitamiento que eso implica para una sociedad civil que pierde así capacidad para defender sus derechos.

Zhang Youmiao (sin parentesco con Zhang Po), dice que “todavía está tratando de procesar” la experiencia de un internamiento psiquiátrico en 2018 y 2019. “Todavía me siento patas arriba”, dice Zhang, que ahora tiene 26 años.

Zhang, que se identifica como persona no binaria, estudiaba formación profesional en 2018, vivía con sus padres y estudiaba reparación de automóviles en Xi'an, capital de la provincia de Shaanxi, en el centro de China. En agosto de ese año se unió a una pequeña manifestación frente al gobierno provincial para protestar por una indemnización que sus familiares y vecinos llevaban años esperando tras la demolición de cientos de casas en su aldea.

Tras una rápida detención, Zhang terminó en un hospital psiquiátrico, con las manos y los pies atados a la cama y dos sesiones diarias de medicamentos que tomaba por obligación. “Intentaba no tragarme las pastillas escondiendo la medicina entre los dientes y la mejilla para escupirla después”, recuerda. Para convencerles de que autorizaran el tratamiento, la policía había dicho a sus padres que su identidad de género podía ser una enfermedad mental.

Aprobada en 2012, la ley china de salud mental permite que las autoridades detengan a “alborotadores” sin el consentimiento de la persona o de sus familiares. Si consideran que una persona supone un riesgo para sí misma o para los demás, la pueden hospitalizar en contra de su voluntad. Las leyes son similares en otros países, como el Reino Unido, pero muchos temen que en China el sistema se preste a abusos por la falta de mecanismos de control. Como descubrió una reciente investigación de la cadena BBC, criticar al Partido Comunista chino puede ser motivo de diagnóstico psiquiátrico.

Según Huang Xuetao, abogado experto en el tratamiento de personas con discapacidad y con enfermedad mental, hay que reformar la ley para que ninguna persona pueda verse privada de sus derechos. “La idea que hay detrás de 'ser catalogado enfermo mental' implica que privar de derechos civiles a alguien que no tiene una enfermedad mental es injusto, pero es aceptable si la persona la padece de verdad”, dice. “Es esa mentalidad la que sostiene la trampa estructural del sistema psiquiátrico. Los que sostienen esta creencia son cómplices y, a menos que se luche contra ella, los abusos de la psiquiatría violando los derechos humanos continuarán inevitablemente”, dijo.

Zhang Youmiao pasó siete días de internamiento antes de su liberación, aunque más tarde pasó otros 15 días de reclusión sin el consentimiento de sus padres. Los médicos se mostraron comprensivos y uno de ellos llegó a sugerirle discretamente que solicitara asilo político en otro país. “Nunca había oído hablar de eso”, dice Zhang. “Yo no consideraba mi comportamiento como político, solo estaba protegiendo mis derechos”.

De acuerdo con la ley china, si una persona es hospitalizada de manera involuntaria, debe tener una enfermedad psiquiátrica diagnosticada. Zhang sostiene que no recibió un diagnóstico formal para ninguna de sus dos estancias en el hospital. Aunque no tiene los historiales médicos del hospital, las pruebas documentales que aporta respaldan otras partes de su relato.

Zhang nunca se quejó formalmente del trato recibido. “Tenía miedo, tenía miedo de que me metieran otra vez en la cárcel, o en un psiquiátrico, incluso dudaba de mi propia persona, pensaba que tal vez era yo la raíz del problema”, dice Zhang, que se fue de China en 2023 y está solicitando refugio en otro país.

Muchas personas han pedido responsabilidades al sistema chino. Entre 2013, cuando se promulgó la ley de salud mental, y el año 2024, ha habido más de 100 demandas contra hospitales, policías o gobiernos locales, en casos relacionados con hospitalizaciones involuntarias. Pocos han prosperado.

La abogada Zeng Yuan, residente en Shenzhen, demandó en 2024 a la oficina de seguridad pública de su localidad después de que la encerraran durante cuatro días por una disputa con la policía local. Zeng había destrozado un cartel de la comisaría, frustrada por la incapacidad de los agentes de ayudarle a ponerse en contacto con su padre, del que estaba separada, y de atajar un acoso por Internet relacionado con su trabajo.

Pese a que el Comité Sanitario de Shenzhen dictaminó que su historial médico y su comportamiento “no respaldaban por completo un diagnóstico de trastorno mental grave”, Zeng perdió el caso tras representarse a sí misma durante el juicio. “Cuando acusas al Gobierno directamente de violar la ley, es básicamente imposible encontrar un despacho que te represente”, dijo.

La ONG de Huang Xuetao, Iniciativa por la Equidad y la Justicia, solía asistir jurídicamente a las personas que presentaban denuncias por violación de los derechos civiles. Sin embargo, el endurecimiento de las leyes sobre financiación extranjera, que sostenía en gran parte a la ONG, “ha afectado gravemente” a la capacidad para llevar estos casos“, dijo Huang.

Algunas víctimas recurren al tribunal de la opinión pública. Después de que Zhang Po contara a los medios su historia, el gobierno local dijo que investigaría la denuncia. Los posts en los que Zeng comparte la experiencia en su blog de WeChat son rápidamente censurados, pero ella mantiene la esperanza de que la presión de la opinión pública tenga efecto. “Tal vez algún día, en el futuro, el tribunal pueda anular el veredicto”, dijo. “He experimentado ese comportamiento, ¿por qué no puedo señalar lo que hicieron mal? No tengo por qué tragarme mi rabia, no tengo por qué quedarme callada”, añade.

No ha sido posible obtener comentarios del Ministerio de Seguridad Pública de China ni de su Comisión Nacional de Salud.

Traducción de Francisco de Zárate