Rosa Elena Mazapanta (45), conocida por todo el mundo como Rosita, se dirige a la asamblea organizada en una pequeña aldea de Palo Quemado (Cotopaxi, Ecuador) para explicar la situación y los avances del proyecto de Minera La Plata SA junto a sus plantaciones de caña de azúcar y que podría enterrar 27 nacimientos de agua en selva subtropical.

Rosita, presidenta de la cooperativa Flor de Caña, es una de las lideresas sociales de la zona y, además, una de las cabezas visibles que todavía no ha tenido problemas legales con el Gobierno de Ecuador, que tras una manifestación contra la consulta informativa al proyecto de la mina ha procesado a una decena de personas, según la empresa canadiense, 74 según la resistencia antiminera —unidos en la Alianza Nacional Antiminera y con el apoyo del Movimiento Indígen—.

Entre las causas abiertas en los juzgados provinciales contra agricultores y activistas se encuentran terrorismo, delincuencia organizada, asociación ilícita, secuestro o coacciones. Delitos habituales y extremadamente exagerados cuando se presiona a la resistencia civil, ya que en las dos manifestaciones en 2019 y 2024 solo hubo heridos por parte de la comunidad resistente. Ecuador mandó 800 soldados a sofocar una protesta en un municipio de poco más de 4.000 habitantes. Usó gases lacrimógenos y realizó disparos a los manifestantes, hiriendo a una treintena y dejando en coma por una bala a uno de los asistentes, Mesías Roballo, a quien le quedarán secuelas para toda la vida.

El señor Julio (71) trabaja en su pequeña finca de alrededor de tres hectáreas que llama La Niña Bonita, nombre con el que bautizó a una culebra que vivía allí antes de que empezaran a cultivar caña y que luego le ha dado entidad a la pequeña plantación. Don Julio es el socio productor y junto a su esposa Rebequita, sus hijas y yernos, trabajan en todo el proceso de elaboración de la panela agroecológica que acaba en los supermercados europeos. Desde el cultivo, pasando por el “trapiche”, la cocción y la solidificación en finos granos de deliciosa panela.

Este agricultor fue miembro de la primera junta parroquial de Palo Quemado y antes servía en el mercado local, donde el precio que recibían de las multinacionales e intermediarios no les daba para mantener a la familia. “Nacimos de la mano de la Fundación Makita, que también nos ayudaron en los cambios tecnológicos, los hornos y las certificaciones, que nos permiten adaptar nuestro producto a las exigencias del mercado europeo agroecológico”. Y es que esa venta al exigente mercado de la UE les permite vender su quintal de panela de 45 dólares, mientras que en el mercado local para exportación el precio ronda los 25 dólares. El europeo es un mercado difícil, pero buen pagador.

La cooperativa Flor de Caña mantiene producción todo el año, el conocido como “entresaque”, para que los ingresos sean recurrentes. Es decir, ir sembrando por partes para poder recoger los frutos de manera constante y así mantener una renta mensual para las familias. Esta práctica de comercio justo, a la que ha ayudado también la ONG española Ecosol en diferentes proyectos como la compra de hornos, permite a estas pequeñas unidades de producción familiar ingresar cerca de 6.000 dólares al mes.

De ahí vive toda la familia y gracias a los excedentes, pueden comprar ganado vacuno para leche y carne, cerdos (chanchos) o cultivar huertos propios. También maquinaria para ir haciendo el proceso más efectivo. Para hacerse una idea del cambio que ha conseguido la comunidad gracias a la Fundación Makita en colaboración con la ONG Ecosol, el salario mínimo en Ecuador, el que se suele pagar en el campo, es de 416 dólares al mes.

La Fundación Makita da todo tipo de asistencia técnica a la cooperativa y acompaña en la profesionalización de todo el proceso. Entre los distintos asistentes a las familias campesinas, Makita pone a su disposición al ingeniero agrónomo Fredy Pita, quien trabaja a pie de campo con los cooperativistas para que hagan la producción más eficiente y para que se ajusten a los requisitos agroecológicos. Fredy siempre está dándole vueltas a la cabeza sobre cómo mejorar la producción. “Tenemos que empezar a plantar las matas más juntas, yo creo que podemos duplicar la producción con el mismo método”, explica satisfecho. Semanas antes de la visita, Pita estuvo en Colombia copiando algunos procesos de producción para obtener mejores rendimientos sin perder la esencia agroecológica.

Lisbet, también trabajadora de Makita, ayuda en la estrategia comercial. Es clave para la colocación del producto que se hace en Palo Quemado y la que aplica la estrategia de ampliación internacional de las ventas. Acude a ferias internacionales y explica satisfecha que recientemente ha abierto mercado en Finlandia. “El producto que les hacemos elaborar tiene tres certificados que les permiten estar en los supermercados orgánicos europeos y canadienses. Con respecto al mercado, la panela tiene un gran potencial de crecimiento. Debemos seguir trabajando la calidad para conseguir ingresos estables para las familias campesinas”, defiende.

Makita ha permitido a la cooperativa Flor de Caña poder saltarse todos los intermediarios. Del campo a la mesa. Solo los gastos por el aporte logístico y tecnológico. Gracias a ello, las rentas de estas familias se han podido incrementar. El reto ahora es consolidarlas en el tiempo y que caminen solos. Una tierra que mantiene dignamente a cientos de familias que ven crecer sus plantaciones y diversificando su gama de productos para vender, así como para autoconsumo.

Y ahí es donde la construcción de la mina La Plata puede darles un golpe durísimo si ocupa las mejores tierras, genera suciedad y contaminación o acaba con los manantiales de agua, que aunque abundantes, ninguno sobra a estas alturas de calentamiento global provocado por el cambio climático antropogénico. Y es que, con las excavaciones mineras para extraer cobre y sus derivados junto a sus tierras, Flor de Caña podría perder los certificados más exigentes para entrar al mercado europeo o tener que hacer pruebas más a menudo para garantizar la limpieza de su panela, con el correspondiente incremento de los costes en abono de auditorías. En muchos casos inasumibles.

La carrera mundial por la obtención de minerales críticos y tierras raras está empezando a distorsionar muchos países y sus comunidades locales. Porque, pese a que desde la mina defienden que su instalación producirá beneficios para la zona, la realidad es que también puede dar al traste con un modelo de negocio como es el comercio justo de panela agroecológica que se está consolidando y reparte mejor la riqueza que la minería extractivista. Y ya llevan años chocando y no parece que la situación vaya a mejorar según la mina va obteniendo permisos del Gobierno y de la justicia.

“La empresa llegó a la comunidad y empezó a destruir tejido social. Contrataba de manera discrecional a miembros de familias antimineras para dividirlos”, denuncia Rosita, que recuerda que antes que la mina estaban los ciudadanos de Palo Quemado. “Somos herederos de una historia de más de cien años de cultivo de caña. Nos están criminalizando para ganar territorio. Luchamos por defender el agua y la tierra, la tierra de la que vivimos”, añade esta lideresa social, que se ha ganado la confianza de la comunidad a base de trabajo y lucha.

Como en todo el mundo, en el trasfondo de la polémica está el uso del agua. El Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador autoriza a los municipios 2,1 metros cúbicos de agua por segundo, mientras que la mina ha pedido 40 metros por segundo. En caso de que arrancaran las excavaciones, la lucha por el agua en la zona puede complicar la convivencia. De momento, la comunidad local ha emprendido tres procesos contra la apertura de la mina. Uno, contra la declaración de impacto ambiental solicitada por la empresa al Gobierno; otra sobre el permiso de la mina para el acceso al agua y una “acción de protección” por a vulneración de derechos humanos con el inicio de la actividad extractiva.

En el caso de la acción de protección, la empresa canadiense ha ganado en primera instancia. Pero Flor de Caña y todos los colectivos que la apoyan, han recurrido la sentencia. De momento, la batalla judicial sigue en marcha. La comunidad también se enfrenta a los procesos judiciales abiertos por el Estado contra los campesinos y activistas. En una zona donde la caña y los recursos naturales son abundantes, no lo es el dinero para pagar abogados. Y eso el Estado y la minería lo saben. “Abren y cierran, empiezan y paralizan los procesos cuando quieren para tener a la población atemorizada y que no se revuelva”, explica Tito Madrid, del Movimiento Indígena.

“Solo en la provincia de Cotopaxi hay 140.000 hectáreas concesionadas por el Gobierno para abrir minas. Están vendiendo el país y sus recursos a empresas transnacionales y a compañías vinculadas a la familia del presidente Javier Novoa”, denuncia Madrid, que ayuda en la organización jurídica de la resistencia.

Mientras la lucha sigue entre el Estado, la empresa minera y las comunidades campesinas, Makita sigue de cerca el proceso y apoya en la resistencia de la mejor manera que se puede hacer. Ofreciendo una alternativa. La fundación ha conseguido que pequeñas plantaciones de apenas tres hectáreas alcancen el mercado alemán -allí van el 80% de las exportaciones de Flor de Caña-, pero también en España a través de la Red de Comercio Justo. El valor de las exportaciones de panela alcanzó en 2024 los 1,9 millones.

El acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea les permite exportar con aranceles cero. A cambio, se exigen cumplir unos capítulos laborales, medioambientales y de derechos humanos. ¿Se están cumpliendo en estos momentos por el Gobierno de Javier Novoa a tenor de las historias que cuentan Rosita, Don Julio, Mesías Roballo o Fredy, los verdaderos usuarios de esta tierra tan fértil? No. La Unión Europea deberá tomar cartas en el asunto.