A finales de 2005, el entonces presidente de Argentina, Néstor Kirchner, comenzó a aplicar acuerdos de precios con supermercados para controlar una inflación que subía al 12%. No era una idea nueva: la habían instrumentado desde la década de 1950 otros gobiernos peronistas y radicales (centro) y dictaduras militares. Pese a los pactos con las grandes cadenas comerciales y sus proveedores, las empresas de alimentos, bebidas y productos de higiene, el índice de precios al consumidor (IPC) se situó a partir de 2007 en un entorno del 25% anual.