Millones de personas migrantes se enfrentan a la explotación laboral en el sector de la agricultura europea. En un momento en el que los agricultores están en pie de guerra contra la agenda verde, a la que acusan de minar su negocio, la organización Oxfam analiza la situación de buena parte de su fuerza laboral: de los 9,2 millones de personas que trabajan en el sector en el continente, 2,4 millones son trabajadores temporales extranjeros. Se trata del 26% del total, aunque la cifra puede ser mayor teniendo en cuenta los permanentes.

La Audiencia Nacional ha avalado una multa de la Agencia Tributaria a la gestora inmobiliaria Haya Real Estate por deducirse ilegalmente en el Impuesto de Sociedades una indemnización de 1,7 millones de euros que pagó en 2014 a su primer consejero delegado.

Se trata del ejecutivo Juan Bartolomé, que dimitió a los pocos meses de ser nombrado y al que la gestora inmobiliaria, entonces propiedad del fondo buitre estadounidense Cerberus, recolocó en una filial tras pagarle esa indemnización, que luego se desgravó ilegalmente.

Han pasado más de tres años desde que la UE dio luz verde al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) con el que daba una respuesta a la crisis de la pandemia radicalmente distinta a la que se dio una década antes al crack financiero. Frente a la austeridad, los 27 diseñaron un procedimiento de gasto expansivo con el que pretendían inyectar 723.000 millones de euros a las economías en forma de transferencias directas y préstamos.

Casi la mitad de la población en España tiene dificultades para llegar a fin de mes. El precio de los alquileres y la inflación ha hecho que más del 10% tenga problemas para hacer frente a los pagos relacionados con la vivienda o que el 20,7% no pueda permitirse mantener la casa a una temperatura adecuada. Si se habla de gastos imprevistos, poco más del 60% de la ciudadanía puede afrontarlos y una de cada tres personas no puede permitirse ir de vacaciones.

El Gobierno de coalición ha dado el paso definitivo para garantizar que las grandes empresas paguen, al menos, el 15% de sus beneficios en el impuesto de Sociedades. En diciembre, el Ejecutivo, ya dio el pistoletazo de salida a esta medida.

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para la transposición de la directiva europea que crea un sistema para garantizar que las empresas más grandes multinacionales paguen un mínimo por sus beneficios, evitando el impacto de los paraísos fiscales o los territorios de baja tributación para reducir su factura fiscal.

La fórmula se repite mes a mes: España bate un nuevo récord de empleo. El recién terminado mes de mayo deja un máximo histórico, con más de 21,3 millones de personas trabajando, tras sumar 220.000 más respecto a los últimos 30 días. Mientras, el paro protagoniza una caída generalizada de 58.650 personas y el número de desempleados se sitúa en los 2,6 millones, el menor número registrado en mayo desde 2008, el año que marcó el inicio de la crisis financiera.

Un 7% de la canaria Disa, una de las mayores petroleras del país y propietaria de la cervecera Damm, los restaurantes Rodilla o participaciones en Ebro y Sacyr. Dos sicavs en España y Luxemburgo con un patrimonio de 87 millones de euros; inmobiliarias, consultoras tecnológicas, una empresa de compra de créditos fallidos o una firma de capital riesgo, vehículo de moda entre grandes fortunas españolas para reducir su factura fiscal.

¿Para qué sirven unos objetivos de deuda pública del 60% del PIB y de déficit presupuestario del 3% si hay que suspenderlos cuando hay una crisis? “Resulta poco realista”, lamenta el informe sobre “La gobernanza económica de la Unión Europea (UE)” del Consejo Económico y Social (CES), publicado recientemente. Es muy significativo que esta frustración o sensación de “oportunidad perdida”, que comparten todos los expertos y economistas progresistas, se cuele en la valoración de esta institución oficial, cuyas posiciones responden al consenso entre empresarios (un tercio de su consejo), sindicatos (otro tercio) y organizaciones agrarias, pesqueras, de consumidores, de la economía social y consejeros independientes (el último tercio).

“Seremos el primer país de Europa con una norma que regula las condiciones de trabajo de las personas LGTBI”. Con estas palabras la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado este lunes en la Sexta que su Ministerio con sindicatos y empresarios han cerrado un acuerdo para evitar la discriminación de los trabajadores por razón de su tendencia sexual.

“Les anuncio que acabamos de cerrar un acuerdo tripartito.

Una pequeña rebelión de togas recorre desde hace un año el sector de la abogacía. Son letrados que, en su día, confiaron sus futuras pensiones a una entidad privada y que cuando les ha llegado la hora de jubilarse dicen haberse encontrado con pensiones indignas. Sus miradas se dirigen al sistema público, al que piden poder acceder a través de una especie de “pasarela” que les permita llevarse sus ahorros a la caja común; pero también a la aseguradora, a quien acusan de falta de transparencia.