A la Unión Europea se le atraganta desde hace más de una década el proyecto de la unión bancaria, una de las piedras angulares para la resiliencia de un sector que demostró su debilidad durante la crisis financiera de 2008.

“La consolidación del sector bancario mediante fusiones nacionales y transfronterizas podría contribuir a mejorar la eficiencia y la rentabilidad de los bancos, beneficiando así a los consumidores europeos y a la economía en su conjunto. En la Unión Europea tenemos un sector bancario fuerte y diversificado, pero nuestros bancos no han crecido lo suficiente para ser competitivos en la escena internacional”, recordaba esta semana el portavoz de servicios financieros de la Comisión Europea, Olof Gill. 

En un gesto poco habitual del ejecutivo de Ursula von der Leyen, la Comisión Europea elevaba la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez por sus reticencias a permitir la OPA de BBVA sobre Sabadell. Las autoridades comunitarias se revuelven contra la posibilidad de que esa operación se frustre por razones políticas teniendo en cuenta que la han avalado tanto el Banco Central Europeo (BCE) como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). “No hay base para detener una operación basándose en una decisión discrecional del gobierno de un estado miembro”, agregaba Gill sobre los procesos que cuentan con la “luz verde” de los supervisores. 

Los comentarios de la Comisión Europea, que en una pirueta prácticamente inédita podría acabar abriendo un procedimiento de infracción contra España que acabara en la justicia europea, son parte del intercambio de información que se está produciendo en el marco del escrutinio de la operación que se lleva a cabo desde Bruselas. 

No es el único caso en el que la Comisión Europea frunce el ceño por las trabas de los gobiernos nacionales a operaciones de este tipo. Sobre la mesa está también la oferta de unos 10.000 millones de euros que ha hecho Unicredit para comprar BPM y que levanta suspicacias en el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, que hizo uso de la denominada ‘golden share' para poner condiciones a la adquisición que han dejado la operación en el limbo por las dificultades que suponen para Unicredit. Bruselas está analizando si Roma ha incumplido las normas de la UE. 

“Desde una perspectiva de orden público y seguridad, los estados miembros retienen la responsabilidad de implementar restricciones a las libertades de mercado a través de sus leyes nacionales en el control de inversiones. Las restricciones a las libertades fundamentales son solo permitidas si son proporcionales y basadas en intereses públicos legítimos y, más importante, siempre que no vulneren la ley europea”, recordó Gill recientemente a preguntas sobre el caso de BPM. 

Pero el gran paradigma de las fusiones que quiere Bruselas se produjo hace unos meses con el intento de compra del alemán Commerzbank por el italiano Unicredit, que se habría convertido en la quinta entidad de Europa. La operación contaba con el visto bueno del BCE, ansioso por que las integraciones bancarias transfronterizas permitan crear grandes entidades capaces de competir con las estadounidenses o asiáticas. “Un acuerdo satisfaría a quienes esperan fusiones transfronterizas”, afirmó Christine Lagarde. 

Sin embargo, Alemania rechazó rotundamente la operación. “Los ataques hostiles, las adquisiciones hostiles, no son nada bueno para los bancos, y por eso el Gobierno alemán se ha posicionado claramente en esta dirección”, dijo el entonces canciller, Olaf Scholz. En aquella ocasión, la Comisión Europea mantuvo un perfil más bajo. 

Las fusiones transfronterizas en el seno de la UE se cuentan, no obstante, prácticamente con los dedos de la mano (Fortis-BNP Paribas, el HSH Nordbank rebautizado como Hamburg Commercial Bank, y poco más) mientras que en EEUU son mucho más habituales. “Parece que los mecanismos de reestructuración de la UE incorporan el nacionalismo bancario en una medida que no tiene equivalente en Estados Unidos”, señala un informe del think tank Bruegel, que cita entre las causas “la preocupación” de las autoridades nacionales “por proteger y promover sus propios bancos campeones nacionales’ principalmente frente a los competidores de otros Estados miembros de la UE”. 

El caso de BBVA-Sabadell es distinto dado que son entidades de un mismo país, pero en las reticencias subyace una cuestión política catalana. Las fuerzas independentistas, que conforman la mayoría que apoya al Gobierno, se oponen sin matices a la operación y han exigido a la coalición que la bloquee. “Catalunya no puede perder ni un banco más”, fue el argumento del secretario general de Junts, Jordi Turull. “Soy de los que cree que esta operación sería muy mala para Catalunya”, dijo en esa misma línea el presidente del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola. 

Mientras Bruselas y Fráncfort sueñan con tener bancos capaces de competir con los estadounidenses y asiáticos, en España se vive un doble discurso. Por un lado, las propias entidades asumen que necesitan ser más grandes para poder rivalizar en igualdad de condiciones con los gigantes globales del sector. Por otro, los supervisores reconocen que en España la concentración bancaria es mucho más intensa que en otros países de nuestro entorno, lo que deja menos opciones a la ciudadanía a la hora de decantarse por un banco u otro. Esa situación ha quedado patente con la baja retribución de los depósitos en España, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países europeos. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reconocía hace unas semanas –al mismo tiempo que analizaba la OPA de BBVA sobre Sabadell– que el “intenso proceso de reestructuración iniciado con la crisis financiera” ha derivado en que “los índices de concentración del sector bancario español se han elevado hasta niveles superiores a los de países del entorno”.

En la última década, el mercado español ha pasado de tener cerca de 40 entidades a sumar menos de una decena. Un proceso que ya ha conllevado miles de despidos y otros tantos cierres de sucursales. Y, si se concreta la fusión ahora en la mesa del Consejo de Ministros, el futuro BBVA-Sabadell, junto con Caixabank y Santander controlarían más del 65% del negocio minorista de la banca en España. Es decir, casi dos tercios tanto de los activos de los bancos como de los depósitos de los clientes estarían en manos de tres actores.

Sin embargo, los bancos aún ven hueco para más concentración. Esta semana, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, afirmó que “hay espacio para consolidación en muchos países” y que “en España el grado de consolidación es medio”. “Espacio hay”, reiteró. “Corresponde a las entidades privadas valorar si en un momento dado les encaja en su estrategia hacer o no hacer una operación”. Sin embargo, Gortázar no vio tan fáciles las operaciones transfronterizas a escala europea porque “no se genera valor”, dado que no es sencillo lograr sinergias positivas (no hay duplicidad de sucursales, de oficinas, etc.).

Esa exigencia de concentración llega a todas las instituciones del sector. Este jueves, el presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA en sus siglas en inglés), el español José Manuel Campa, aseguró en un foro financiero que la banca europea está actualmente “menos integrada a nivel europeo que hace 15 años”. En la actualidad, admitió, el sector “está más en las fusiones nacionales que en las supranacionales”, pese a que Europa tiene “muchísimo potencial simplemente explotando nuestro mercado interior, nuestro 'single market'. Y esto ocurre en el sector bancario como en todos los otros sectores”.

De momento, el único directivo que está agitando la banca con operaciones tanto dentro como fuera de su mercado doméstico es Andrea Orcel, el consejero delegado de la ya citada Unicredit. Orcel estuvo a un paso de ser el primer ejecutivo de Santander, pero su fichaje por la entidad presidida por Ana Botín acabó en los tribunales. De hecho, se llevó una compensación millonaria –de más de 43 millones de euros– por daños morales por la ruptura del contrato. 

Orcel agitó su país de origen con la oferta de Unicredit sobre BPM, que puede quedar en el limbo por las exigencias del Gobierno de Meloni y que la entidad ha llevado a los tribunales. Sin embargo, mantiene su objetivo de ser el accionista de referencia de Commerzbank, pese a que también tiene la oposición del Ejecutivo germano. Y ahí no tiene intención de ceder.  “Tenemos el 30%. Lo repito: tenemos el 30%. El hecho de que seamos personas educadas y justas que esperan el momento oportuno para dialogar con el Gobierno alemán no cambia el hecho de que tengamos el 30%”, recalcó Orcel hace unos días. “No tenemos prisa, esperaremos”, dijo. En el fondo, sabe que su discurso es el mismo que defiende tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo.