“No se puede garantizar la seguridad del sistema”.

A falta de conocer los motivos del histórico apagón peninsular del pasado 28 de abril, del que se cumple un mes este miércoles, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha dicho en los últimos días que la “inercia” del sistema eléctrico en los instantes previos al corte (la que proporcionan fuentes como el gas, la hidráulica o la nuclear) cumplía las recomendaciones y que la investigación está “priorizando la variable de la sobretensión”. Este martes, la patronal que agrupa a Endesa o Iberdrola pidió “transparencia” sobre el apagón y que REE “comparta los datos técnicos del incidente”. También insistió en los problemas de tensión previos a ese cero.

Esa norma que REE pidió “con urgencia” a la CNMC en 2022 es un “servicio de control de tensión” que Competencia analiza poner al día desde hace al menos cuatro años y permitiría, entre otras cosas, que las renovables aporten “estabilidad” a la red. El aviso que REE, operador del sistema eléctrico, dio a Competencia en 2022 figura en la memoria justificativa de una resolución relativa a una normativa de operación del sistema peninsular. El Consejo de la CNMC la aprobó el 8 de septiembre de 2022 y el texto estuvo a consulta entre mayo y junio de ese año. 

En esa memoria se lee: “A criterio del operador del sistema, el dinamismo creciente del sistema eléctrico en lo que se refiere a una mayor flexibilidad tanto de la generación, demanda, autoconsumo y almacenamiento como de las interconexiones internacionales hace que estas metodologías de control de tensión requieran con urgencia una actualización. Un control de tensión basado en el seguimiento de consignas en tiempo real calculadas mediante el uso de las nuevas tecnologías resultará más eficiente que en la actualidad. Todo ello redundará tanto en la mejora de la calidad del servicio como en una significativa reducción de los costes y de emisiones de CO2”.

Y añadía: “El operador del sistema alega que no se puede garantizar la seguridad del sistema ante la creciente penetración de generación no síncrona [eólica, fotovoltaica] sin un servicio de control de tensión que garantice una adecuada participación de todas las tecnologías de generación, almacenamiento, demanda y autoconsumo. Esto quedó patente en el incidente del 24 de julio de 2021”, cuando a causa de un incendio en Francia, se cortó la interconexión a través de los Pirineos y un apagón eléctrico afectó durante unas tres horas a zonas de Madrid, Catalunya, Andalucía, Aragón, Navarra, País Vasco, Castilla y León, Extremadura y Murcia.

Como recoge ese informe de la CNMC que reproduce las alegaciones de REE, para recuperar la tensión aquel 24 de julio de 2021 hubo que desacoplar “hasta 10 reactancias de forma manual durante el minuto posterior a la pérdida del doble circuito francés”. “Además, la generación basada en electrónica de potencia [un ejemplo típico sería la generación fotovoltaica, que produce en corriente continua y es convertida mediante un inversor] no solo no contribuyó a controlar la tensión, sino que se desconectaron 321 instalaciones, mayoritariamente por sus protecciones de sub/sobretensión, lo cual supuso una reducción de 2.867 MW de producción, que puso gravemente en peligro la seguridad del sistema”.

Fuentes de la CNMC señalan que “en esa frase lo que se intenta transmitir es que no se podrá garantizar la seguridad en algún momento del futuro, en el que se pierda el equilibrio entre crecimiento renovable y disponibilidad de generación síncrona para mantener la estabilidad del sistema. En consecuencia, hay que adaptar, entre otros, el servicio de control de tensión. Pero eso no significa que estemos ya en ese punto, el sistema tiene todavía mucha generación síncrona, entre ciclos, hidráulica y nucleares”.

Fue en julio de 2021 cuando REE elevó a la CNMC su propuesta para actualizar el servicio de control de tensión, recogido en un procedimiento de operación de REE (el 7.4) cuya actualización corresponde a Competencia. REE lanzó un primer borrador a consulta en 2020. Lo planteó frente a los “valores extremos” que ya entonces venían registrando la red, en un contexto de alta penetración de las renovables. La propia CNMC reconoció en 2022 “problemas continuos de control de tensión”, un año después de ese incidente en Francia y de que REE le pidiera por primera vez cambiar ese procedimiento. Se trata de una norma “obsoleta”, según admitió Competencia a finales del año pasado.

La CNMC no la ha actualizado aún porque, según dijo hace unos días en el Congreso su presidenta, Cani Fernández, la UE les obligó a lanzar un “proyecto piloto” que se puso en marcha en agosto de 2022. De momento lleva dos. Ambos arrojaron “fuertes impactos económicos”, según Competencia.

Ya en noviembre de 2019, la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC advirtió de la necesidad de actualizar esa normativa: “en un contexto de incorporación masiva de generación renovable no gestionable”, y para preservar la “seguridad” del sistema eléctrico, “conviene retomar la definición de los servicios de control de tensión o de potencia reactiva prestados por todos los elementos conectados, con la consecuente revisión del P. O. 7.4 (‘Servicio complementario de control de tensión de la red de transporte’)”. Este procedimiento, junto al denominado “Servicio complementario de regulación primaria”, “no se han tocado en 20 años”, subrayaba el informe aprobado por la CNMC hace casi seis años.

Ninguno de los vocales que firmaron ese dictamen está ya en la CNMC y desde entonces se han producido enormes cambios en la generación eléctrica del sistema peninsular español. La potencia fotovoltaica se ha cuadruplicado, hasta 33.355 megavatios (MW), sin contar el autoconsumo, que ha pasado de los 0,4 gigavatios (GW) que se estimaban en 2018 a superar los 7 GW que se calcula que existen en la actualidad; por su parte, la eólica ha pasado de 24.883 MW a 31.643 MW; y se han cerrado casi 7.400 MW de carbón.

Hace dos semanas, a preguntas sobre este asunto, la CNMC aseguró que “en breve, probablemente en este mes” de mayo aprobará esa normativa sobre el control de tensión. La semana pasada, fuentes de Competencia explicaron que “los servicios técnicos de la CNMC están finalizando dicha actualización del P.O. 7.4. La fecha de publicación dependerá de lo que tarde el trámite de aprobación”. Una respuesta similar a la que daba este martes el organismo.

Al proyecto experimental que la CNMC lanzó en agosto de 2022 se unió otro para permitir controlar tensión a grandes consumidores, prorrogado en enero. Se aprobó en una resolución publicada en el BOE en noviembre de 2023 que señalaba que “las elevadas tensiones en la red podrían provocar el desacoplamiento intempestivo de instalaciones conectadas a la misma”. Y entonces REE (no la CNMC) reiteró que había que tomar “medidas urgentes”.

En concreto, Competencia señalaba: “Cada vez hay más excedentes de [energía] reactiva en el sistema, lo cual está contribuyendo a un aumento generalizado de las tensiones en el sistema eléctrico, llegando en ocasiones a valores cercanos o incluso superiores a los máximos admisibles. Añade el operador del sistema [REE] que los escenarios previstos en el corto y medio plazo hacen prever que este efecto puede ir en aumento si no se toman medidas urgentes para corregirlo”.

En noviembre de 2020, al plantear este nuevo servicio, REE explicó que “el sistema eléctrico español peninsular ha ido evolucionando haciéndose cada año más variable”, con “severos problemas especialmente de sobretensión en periodos valle y llano [cuando no hay puntas de demanda]. Resulta, por tanto, imprescindible adaptar y actualizar la normativa vigente”. REE señaló en aquel momento que “el servicio de control de tensión aspira a ser implementado a partir de 2021”. Han pasado casi cinco años desde entonces.

La CNMC lleva más de un año en una situación de interinidad, a la espera de que se apruebe el proyecto de ley de recuperación de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE), que lleva empantanado en el Congreso desde hace meses. “Está en sus manos, señorías”, dijo la presidenta de la CNMC a los diputados el pasado 13 de mayo.