Las brechas que no cesan son los grandes problemas económicos de fondo en nuestra sociedad. La desigualdad de riqueza entre las familias, la brecha de género y el dispar reparto del valor añadido que generan las distintas actividades entre el capital (las empresas) y el trabajo (los salarios) son las principales fallas del estado de bienestar y alejan el objetivo final de la justicia social.

La reducción de estas brechas solo se va consiguiendo poco o poco y existe la amenaza constante de que se produzcan retrocesos. Repliegues como el que provocó la crisis de inflación que siguió a la pandemia, y que las empresas han aprovechado para aumentar sus márgenes de beneficio mientras que los salarios han crecido mucho menos.

Exactamente, con datos hasta el primer trimestre de este 2025, los beneficios de las empresas han crecido el doble que los sueldos de los trabajadores en España desde la etapa previa al shock de la COVID de 2020.

Estas cifras pertenecen al Observatorio de márgenes empresariales, una herramienta creada por la Agencia Tributaria, el Ministerio de Economía y el Banco de España en julio de 2023 para dar luz sobre el reparto de la 'tarta' de las ganancias de las compañías no financieras de nuestro país. Su última actualización fue la semana pasada y recoge datos de cerca de 900.000 empresas que presentan trimestralmente las declaraciones de IVA y en las que trabajan casi 11 millones de personas. En esta base o muestra faltan los bancos, las aseguradoras, muchas compañías medianas y las más pequeñas. Tampoco están las actividades exentas de IVA (sanidad, educación, servicios sociales, administraciones públicas o empleo doméstico), ni las empresas de Euskadi, Navarra y Canarias, que tienen sus propios conciertos y singularidades fiscales.

La línea que representa los beneficios de las empresas en el primer gráfico de esta información es técnicamente el “indicador de resultado bruto de explotación”, una forma de medir las ganancias de las compañías no financieras. Este beneficio bruto agregado de las empresas de la muestra ha aumentado un 53,6% desde 2019, hasta el primer trimestre de 2025. Mientras, el sueldo de los trabajadores, calculado al dividir la masa salarial total de las 900.000 compañías entre los 11 millones de perceptores, ha avanzado apenas algo más de un 20%, en el mismo periodo.

La masa salarial total ha crecido algo más, un 31,3% desde 2019, porque incorpora la creación de puestos de trabajo. Pero este incremento también está por debajo del protagonizado por las ganancias empresariales.

“Con la crisis de inflación en 2021 y 2022 y su desigual impacto y reparto de esfuerzos [entre empresas y trabajadores], los salarios perdieron participación en el valor añadido bruto generado en las empresas a favor de las rentas del capital (resultado bruto de explotación)”, lamenta el gabinete económico de CCOO en una nota publicada el pasado jueves. “Los primeros datos para 2025 confirman que la recuperación del peso de los salarios prosigue, si bien aún no se han recuperado los niveles previos a la crisis de la inflación”, añaden los expertos del sindicato.

La clave en esta brecha de reparto o conflicto distributivo es que una mayoría de las empresas aprovecharon la crisis de inflación desde 2021 para trasladar el encarecimiento de los costes —inicialmente sobre todos los energéticos— a los precios de venta, los que pagan los consumidores, o incluso para incrementarlos más, para así o defender sus márgenes o expandirlos, y ganar más y más.

Esta inflación de beneficios o por avaricia se puede entender bien con el segundo gráfico de esta información. En él, están dibujadas la evolución de las ventas totales de la muestra de empresas del Observatorio de márgenes y la evolución de las compras totales de estas mismas empresas —los costes que implican los “insumos” o bienes intermedios y servicios necesarios para llevar a cabo la actividad empresarial, sin incluir—.

El desacople de las ventas y las compras (los costes) es una forma de aproximar un aumento de los márgenes de beneficio de las empresas, que como denuncia CCOO, “siguen por encima de su media histórica”.

“En este marco de desigualdad y conflicto distributivo debe encuadrarse la reciente medida, pendiente de tramitarse en el Congreso de los Diputados, de reducción de la jornada laboral”, apunta el gabinete socioeconómico CGT, en otra nota publicada la semana pasada.

“Esta reducción de la jornada, si no viene aparejada de un cambio en la distribución de la renta en favor del trabajo, será una medida que quedará diluida y que absorberá el sector privado en su propio beneficio. Es más, en torno a la duración de la jornada laboral es necesario abrir la discusión sobre la carga e intensidad del trabajo, sobre la flexibilidad horaria y en el calendario laboral y, en términos más amplios, sobre la capacidad que en cada sector y empresa tengan los y las trabajadoras de orientar esta posible reducción de jornada en favor de sus intereses”, prosiguen los expertos de CGT.

A este conflicto distributivo se le suman los asfixiantes precios de la vivienda, sobre todo en las grandes capitales y en los principales destinos turísticos, donde se concentra la mayor parte de la oferta de empleo.

“Aunque el empleo ha crecido significativamente y se ha reducido la temporalidad [aquí se explica el aumento de la renta real por el incremento de los puestos de trabajo], la precariedad laboral y vital sigue enquistada, y se expresa en dimensiones como el subempleo o el desempleo juvenil, que alcanzan niveles críticos, o en el descenso de los salarios reales. Además, el fuerte crecimiento del precio de la vivienda y el alquiler aprieta cada vez más sobre los salarios de muchos trabajadores y trabajadoras. En esta situación, las empresas parecen haber ganado terreno en la pugna distributiva entre capital y trabajo”, finalizan en CGT.

Dos años después de la creación del Observatorio de Márgenes, Hacienda confirmó a finales de marzo que comunicará la información que ofrece esta herramienta sobre los beneficios empresariales a las mesas de negociación de los salarios de cada sector. En la tensa negociación entre el Ministerio de Trabajo (Sumar) y el departamento que lidera María Jesús Montero (PSOE) sobre el salario mínimo y el IRPF, el Gobierno de coalición adoptó esta medida recogida en el pacto entre ambos partidos para la investidura del presidente Pedro Sánchez.

La reivindicación de Sumar y de los sindicatos mayoritarios es que el Observatorio se clasifique por tipo de convenio sectorial y se tenga en cuenta en la negociación de dichos convenios colectivos, que recogen los sueldos y el resto de condiciones laborales a nivel nacional (bajo los que está el 35% de los trabajadores), autonómico o provincial (58% de los trabajadores asalariados). El plazo que se concedió Hacienda para diseñar esta versión de la herramienta fue de tres meses. Es decir, tendría que estar lista en junio.

“La eficiencia económica puede lograrse mediante la puesta a disposición de los negociadores de los convenios de una información económica oficial, actual, completa (referida a todas las empresas incluidas en el ámbito de negociación) y simétrica (es decir, igual) para las dos partes que negocian o velan por el cumplimiento del convenio a través de sus comisiones paritarias”, defendió una PNL que el grupo parlamentario del partido de Yolanda Díaz presentó en el Congreso en 2024.