El año pasado se incorporaron casi 9.000 trabajadores a la Administración General del Estado, frente la intensa reducción de personal de la última década, que ha dejado un agujero de 20.000 efectivos
El Estado afronta la jubilación de 95.000 funcionarios en una década
Desde 2021, el Estado ha dejado de perder cientos de trabajadores año a año, la imagen que dejó la pasada crisis económica y las políticas de austeridad, junto a un incremento de las jubilaciones.
La organización sindical ha revelado las cifras de altas y bajas en la AGE en la última década que les ha trasladado el Ministerio que dirige Óscar López. Aunque ya en 2021 se detuvieron las pérdidas continuadas de personal, en 2024 hay un cambio sustancial: las incorporaciones de personal superaron por mucho la salida de efectivos, 18.700 y 9.800, respectivamente.
El Gobierno de coalición ha aprobado en los últimos años varias Ofertas Públicas de Empleo (OPE) récord para la Administración central, que incluye a los funcionarios del Estado de la AGE –de ministerios y organismos públicos como el Servicio Público de Empleo Estatal y la Seguridad Social, entre otros– y entidades como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el personal de Justicia, entre otros. La última convocatoria, de 2024, cuando el ministro de Función Pública era José Luis Escrivá, superó las 40.000 plazas.
Ahora, el Ministerio que lidera Óscar López está trabajando con el conjunto de los ministerios y organismos del Estado para configurar su propuesta de Oferta Pública de Empleo (OPE) para 2025, que en CSIF han explicado que negociarán con los sindicatos “en junio”. Además, está pendiente la negociación de la subida salarial de los empleados públicos, con las retribuciones congeladas este 2025, tras el último pacto de incrementos de 2022 a 2024.
20.000 empleados públicos menos en la última décadaAunque en los últimos cuatro años se ha detenido la merma de personal en el conjunto de la AGE, las salidas masivas de los anteriores ejercicios, en los que se aprobaron escasas incorporaciones, han dejado como balance una pérdida de unos 20.000 trabajadores del Estado en la última década.
CSIF ha destacado “este grave déficit” de 20.000 trabajadores, por lo que ha reclamado que la OPE de 2025 no se limite a compensar las salidas de personal, sino que siga avanzando en recuperar efectivos. Carlos Martínez, responsable de la Administración General del Estado (AGE) del sindicato, ha destacado que “el 21% de la plantilla tiene más de 60 años” y, por tanto, está al borde de la jubilación, ya que muchos de ellos pertenecen al régimen de Clases Pasivas, que permite la jubilación anticipada a esa edad.
El sindicato ha exigido de nuevo al Gobierno que elimine la tasa de reposición, medida creada en la pasada crisis financiera para limitar las incorporaciones de empleados públicos. José Luis Escrivá anunció en enero del año pasado su supresión para este 2025, pero no se ha llegado a aprobar. En CSIF han insistido en que la medida es “imprescindible” para recuperar el personal perdido y dotar a los organismos públicos de las plantillas necesarias, y ha reclamado también mejoras retributivas para hacer “atractiva” a la Administración General del Estado (AGE), con sueldos inferiores respecto a otros puestos similares en organismos autonómicos y locales.
La edad media del personal baja a los 49 añosLos datos de Función Pública facilitados por el sindicato dejan otra noticia: la edad media en la Administración Central del Estado ha bajado de la barrera de los 50 años por primera vez desde 2015. En concreto, se sitúa en los “49” años, según estos últimos datos que aún no había hecho público el departamento de Óscar López. A finales de enero, el ministro de Función Pública aportó en el Senado el dato provisional de 2024, que se situaba en los 50,5 años.
Así, el Gobierno está avanzando también en el reto de rejuvenecer la plantilla del personal del Estado tras años de aumento continuado de la edad media del personal, que alcanzó en 2020 el máximo de 51,6 años.
CSIF ha destacado que algunos de los organismos más castigados de la Administración central son el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que gestiona las prestaciones y subsidios por desempleo de las personas en paro, y la Seguridad Social. Ambos tienen plantillas muy envejecidas, ha subrayado el sindicado, y por tanto seguirán perdiendo trabajadores fruto de las jubilaciones.
En los últimos meses, los trabajadores del SEPE están urgiendo al Ministerio de Trabajo a que refuerce la plantilla, con oficinas incluso vacías ante un “mínimo histórico de 7.400 efectivos”, han destacado en CSIF, al que se suma los problemas por el nuevo sistema informático implantado. En la Seguridad Social, ha habido también varias movilizaciones por la escasez de personal en los últimos años, que han supuesto un refuerzo de la plantilla, pero que sigue siendo “insuficiente” ante las salidas y las nuevas tareas del organismo, como la gestión del ingreso mínimo vital (IMV).