El Ministerio de Vivienda sigue confiando en las zonas tensionadas y busca fórmulas para atraer a las comunidades autónomas, principalmente las del PP, que se niegan a aplicar esta herramienta que permite cierto control de precios, allá donde estos están disparados.

“La declaración de una zona tensionada implica la asunción de un problema y la activación de recursos para resolverlo”, señalan fuentes del ministerio, que argumentan que la Ley de Vivienda contempla la posibilidad de “medidas de financiación específicas” para “favorecer la contención o reducción de los precios del alquiler o venta” en estas zonas.

Por el momento, solo Catalunya, Euskadi, Navarra y Asturias, todas con el Partido Socialista en sus Gobiernos, han declarado zonas tensionadas o están en proceso de hacerlo. “El Gobierno está y estará al lado de quienes se comprometan con el derecho a una vivienda digna y usen las herramientas disponibles para garantizarlo”, señalan desde el Ministerio.

Rodríguez ha anunciado esta medida durante su visita al acto inaugural de Construmat, en la Fira de Barcelona, pero no es la primera vez que pone la zanahoria de la financiación ante las comunidades autónomas díscolas. De hecho, en materia de Vivienda el Gobierno tiene dos competencias principales: dar un paraguas normativo, bajo el que los gobiernos autonómicos pueden decidir si resguardarse, como ocurre con los puntos más importantes de la Ley de Vivienda, y ofrecer fondos. Esto es, dar dinero, eso sí, bajo sus propias condiciones.

Desde Vivienda indicaron en septiembre la posibilidad de aplicar medidas “extraordinarias” en aquellas zonas donde los alquileres estén desbocados y se apliquen zonas tensionadas. Ya entonces deslizaron que, entre esas medidas, se incluía el reparto de fondos extra, que ahora se materializa. El premio son 35 millones de euros a repartir entre quienes hayan reconocido que tienen un problema y que, por tanto, necesitan recursos para atajarlo.

En este sentido, desde Vivienda reclaman que “las comunidades autónomas con evidentes dificultades para el acceso a la vivienda apliquen la ley y declaren zonas tensionadas o, por lo menos, que atiendan las demandas de los ayuntamientos que les piden declarar su municipio zona tensionada”. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay varios Ayuntamientos en esa situación, como Rivas, Fuenlabrada, Getafe, Ciempozuelos, Parla y Alcorcón, que han reclamado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que les permita aplicar esta medida.