El Ministerio de Agricultura se ha comprometido a reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria. Una promesa que llega después de las recientes protestas del campo, en las que los agricultores y ganaderos han criticado la efectividad de esta legislación, porque no ha sido suficiente para frenar las prácticas irregulares por parte de la industria y de la distribución.

A la espera de los cambios, la Ley sigue derivando en sanciones, de importes que, de media, rondan los 3.200 euros.

En ellas hay tres empresas de renombre que reinciden, porque ya habían sido sancionadas en otros trimestres. Se trata de dos cadenas de súper e hipermercados, Dia y Alcampo; y del productor de vino, zumos y gazpachos, J García Carrión.

En el siguiente gráfico figuran todas las irregularidades sancionadas por la AICA en los últimos meses.

A Dia Retail España, la AICA le ha impuesto en este trimestre una multa de 2.562,24 euros por incumplir los plazos de pago. A Alcampo, dos diferentes, por ese mismo motivo de no respetar los tiempos en los que se abonan las facturas con sus proveedores y ambas son de 3.000 euros, según la documentación que publica el citado organismo, que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Dia ya fue sancionada hace un año por ese mismo incumplimiento de los plazos de pago y por no formalizar por escrito los contratos con sus proveedores. En total, sus cuatro multas rozan los 12.500 euros. Mientras, Alcampo ha recibido en estos meses uno de los castigos más altos decididos hasta el momento, de más de 39.000 euros por “resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración”, aunque la AICA –como en el resto de casos– no desglosa ni detalla qué ocurrió ni quiénes fueron los perjudicados.

Por su parte, J García Carrión también fue multada hace ahora un año por saltarse los plazos de pago con sus proveedores, entonces con más de 9.147 euros. 

Los bajos importes impuestos por la AICA son una de las principales críticas por parte de los agricultores y ganaderos. En este trimestre, las sanciones más altas no llegan a los 10.000 euros. Se quedan en 8.000 y 7.200 euros y corresponden a dos empresas no muy conocidas, la láctea Celega y la cárnica El Encinar de Humienta, respectivamente. La primera, por realizar modificaciones del precio incluido en el contrato que no estaban expresamente pactadas por las partes; y la segunda, por no formalizar por escrito un contrato.

Las sanciones por saltarse la Ley de la Cadena solo son públicas desde hace un año y medio. Desde entonces, la AICA ha resuelto 239 resoluciones por un importe global que supera los 756.000 euros. Las más altas, la citada de Alcampo y una a Calaoliva de 43.700 euros, también por saltarse los plazos de pago. De hecho, más de la mitad de las sanciones que se han decidido hasta el momento son por ese motivo, por pagar por encima de los 30 días en el caso de los alimentos frescos; y de 60 días, en el resto.

La AICA solo publica aquellas resoluciones que sean firmes por vía administrativa o, en caso de haberse interpuesto recurso contencioso-administrativo, lo sean por vía judicial. Solo se comunican aquellas que sean graves o muy graves, con importes que, respectivamente, pueden alcanzar un máximo de 100.000 o de un millón de euros. Y estas últimas requieren que haya reincidencia. Además, hay límites, porque los importes no pueden superar el 5% o el 10% de los ingresos brutos que tuvo el operador sancionado durante el año anterior. 

Para el sector primario, estas sumas no son suficientes para conseguir un efecto disuasorio, aunque sí vayan en la dirección positiva, por lo que el refuerzo de la Ley de la Cadena se convirtió en una de las reivindicaciones de las últimas protestas. 

Como respuesta, el Ministerio encabezado por Luis Planas planeó un paquete de 43 medidas, que por ahora ha sellado con dos organizaciones, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y Unión de Uniones; mientras las otras dos con mayor representación, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) siguen sin pactar. 

Lo que ha propuesto Agricultura es, por un lado, convertir la AICA en agencia estatal, lo que reforzaría su capacidad inspectora, con más medios humanos y materiales. Por otro, coordinar mejor este organismo con los que tienen en marcha las comunidades autónomas, que también tienen competencias. Quiere aumentar así el número de inspecciones, sobre todo, las realizadas de oficio, sin que medie una denuncia por parte de un operador. Y contempla publicar las multas acumuladas, es decir, dar más información sobre las infracciones de cada empresa.