Los portavoces de la misión que la Eurocámara ha enviado a España en el marco de la comisión de investigación sobre el espionaje con Pegasus han cuestionado la respuesta que dio el Gobierno al escándalo del Catalangate que apuntó a que el teléfono móvil de 65 personas vinculadas con el independentismo fue infectado con ese sistema de vigilancia que solo pueden adquirir gobiernos. Aunque han dado la bienvenida a los cambios legislativos planteados -la reforma de la ley de secretos oficiales y de regulación del CNI (que Defensa aún no ha presentado)-, han mostrado dudas sobre esa reacción y el relevo de la entonces directora de los servicios secretos si, como sostiene el Ejecutivo, todo se había hecho de forma legítima.
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