Cuatro días antes de su coronación, el rey Carlos III cumplió con la formalidad ceremonial de dar su consentimiento a una nueva ley aprobada por el Parlamento que restringe el derecho a protestar y con la que decenas de personas fueron arrestadas durante su entronización. La mayoría eran republicanos que participaban en una concentración pacífica el sábado. Pero también fueron detenidos activistas medioambientales y hasta voluntarias de un programa del Ayuntamiento para prevenir ataques sexuales.
La nueva ley de orden público, en vigor en Inglaterra y Gales desde el 3 de mayo, ha sido descrita por el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU como “profundamente preocupante” y denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional por incluso prevenir la intención de protestar pacíficamente.