La escala de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Madrid, la semana pasada, y su encuentro con el ministro español de Transporte, José Luis Ábalos, ha desatado una fuerte polémica política en España que ha alcanzado diferentes cancillerías de todo el mundo.

A favor o en contra, ha habido muchas opiniones salvo una determinante: el Gobierno de Nicolás Maduro que guarda silencio.

La oposición española, líderes de países amigos de unos y de otros; defensores y detractores de un hecho interesado para algunos o diplomático para otros, han criticado y loado ese momento que nadie vio pero del que todo el mundo sabe.

El Gobierno ha aclarado que en sus planes sigue estando la privatización de Bankia en cuanto las condiciones del mercado lo permitan y como vía para recuperar parte del dinero destinado al rescate financiero, según ha informado este martes la ministra portavoz, María Jesús Montero.

La aclaración llega tras las dudas generadas en las últimas semanas sobre los planes que podría tener el Ejecutivo de coalición después de que Unidas Podemos abocara en repetidas ocasiones por paralizar la privatización de Bankia y hacer de la entidad un instrumento de banca pública.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha ensalzado la labor del equipo gestor de Bankia, liderado por José Ignacio Goirigolzarri, y ha explicado que tras una primera etapa de saneamiento de la entidad, se tiene que producir su venta y ese va a ser el objetivo del Gobierno.

En España se han ejecutado 1.000.002 desahucios desde 2008, una media diaria de uno cada doce minutos, un 68 % de ellos por impago de alquiler, según ha denunciado este martes la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

"Hablar de más de un millón de desahucios se dice pronto, y aún faltan por cerrar los datos oficiales de 2019", ha indicado la plataforma, que ha hecho un estudio con todos los datos de alzamientos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La plataforma ha aprovechado esta cifra de desahucios para volver a pedir al Gobierno que adopte medidas urgentes para paralizar los desahucios, detrás de cada uno de los cuales hay un drama familiar.

La iniciativa que el presidente de EEUU, Donald Trump, pretende aplicar para impulsar el proceso de paz en Oriente Próximo, ahora estancado, se suma a otras de diferentes mediadores a lo largo de los años que no prosperaron, si bien antes sí se lograron acuerdos de mínimos.

El último plan para la zona lo presentó su antecesor en la Casa Blanca, Barack Obama, en mayo de 2011, cuando se reunió en Washington con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien propuso por primera vez que considerara un Estado palestino basado en las fronteras previas a la Guerra de los Seis Días de 1967 "con intercambios de tierra acordados mutuamente".

El Ejército de Israel ha aumentado su presencia militar en el Valle del Jordán, en Cisjordania ocupada, ante posible protestas por la publicación hoy del plan de paz por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Siguiendo la evaluación de la situación, se ha decidido reforzar el área del Valle del Jordán con tropas de infantería", indicó un comunicado del Ejército sobre esta zona, que el primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, anunció que anexionará como promesa electoral.

A la espera del contenido definitivo, las filtraciones en los medios israelíes apuntan a que el plan de la Casa Blanca daría luz verde a la anexión de este área, limítrofe con Jordania, donde los palestinos han convocado este miércoles movilizaciones.

Rusia considera que el plan de paz para Oriente Medio que anunciará este martes el presidente de EE.UU., Donald Trump, debe ser analizado por el llamado Cuarteto de Madrid, formado además de por Estados Unidos por la ONU, la Unión Europea (UE) y Rusia.

"Por supuesto, me gustaría mucho que el cuarteto de mediadores internacionales analizara esta situación: esto es Rusia, Estados Unidos, la ONU, la UE. Un mecanismo que ha estado inactivo en los últimos años y que, en general, no se ha utilizado para ayudar a encontrar soluciones aceptables para todas las partes, dijo en rueda prensa tras reunirse con su homóloga sursudanesa, Awut Deng Acuil.

El consejo de administración de la compañía automovilística Renault se reunirá esta tarde para nombrar nuevo consejero delegado al que hasta comienzos de enero era el presidente de la marca Seat, el italiano Luca de Meo.

Fuentes próximas al fabricante automovilístico francés confirmaron a Efe que el objetivo del consejo en la sede de Renault en Boulogne Billancourt, a las afueras de París, será el nombramiento de Luca de Meo y acabar con la fase de dirección provisional que lleva las riendas de la compañía desde el pasado mes de octubre.

El nombre de Luca de Meo circulaba desde hace semanas como el favorito para convertirse en el nuevo "número uno" de Renault, que espera así poner fin a la crisis abierta por el escándalo generado con el arresto en noviembre de 2018 en Japón de quien ocupaba entonces ese puesto, Carlos Ghosn.

El grupo parlamentario del PP ha solicitado la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, para que explique si ha habido injerencias en Red Eléctrica de España(REE) que hayan motivado la dimisión de su presidente, Jordi Sevilla.

Sevilla prevé presentar este martes al Consejo de Administración de Red Eléctrica su dimisión como presidente de la compañía por motivos "personales", confirmaron a Efe fuentes de la empresa.

El diputado del PP Guillermo Mariscal considera que el anuncio de dimisión de Sevilla se produce por las "presiones ejercidas" por Teresa Ribera y ha afirmado que demuestra la "nula garantía" que da el nuevo Gobierno a la libertad de empresa.

Rapapolvo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) a Italia, pero que tiene efectos para España y todos los países miembros de la UE. La justicia europea ha dictaminado este martes que los países comunitarios están obligados a vigilar para que las entidades públicas respeten los plazos de pago a sus proveedores no superiores a 30 o a 60 días en sus operaciones comerciales, según el caso.

Así, los Estados no solo deben legislar en sus normativas internas que los plazos máximos de pago y reconocer la compensación de intereses en caso de retraso, como marca la legislación europea, sino que deben también ejecutar una "observancia efectiva" en el conjunto de la Administración para garantizar que estos plazos se cumplan.

El Gobierno británico de Boris Johnson anunció este martes que permitirá al gigante chino Huawei una participación "limitada" en el desarrollo de la red 5G del Reino Unido.

El Consejo de Seguridad Nacional, formado por algunos ministros y el abogado del Estado, y presidido por el primer ministro británico, Boris Johnson, determinó hoy en una reunión que los proveedores considerados "de alto riesgo", como Huawei, podrán desempeñar un papel "periférico" dentro de esa red.

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, instó al Reino Unido, en una visita a Londres en mayo de 2019 a excluir a Huawei por los riesgos que su participación en la red podría plantear para la seguridad nacional.