La guerra de Ucrania ha tenido una incidencia directa en las estadísticas de exportaciones de armamento español, remitidas este viernes por la Secretaría de Estado de Comercio al Congreso. El Gobierno de Kiev ha pasado de no figurar en la lista de clientes de armamento español a ser uno de los principales destinatarios al recibir material bélico por casi 210 millones de euros. 

La cantidad se refiere a exportaciones autorizadas por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), el órgano interministerial que autoriza o deniega las ventas de armamento español.

El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado por unanimidad el cierre de las actuaciones iniciadas sobre la junta de Indra celebrada el pasado mes de junio tras apreciar que no existen "suficientes indicios" de una acción concertada para la toma de control de la sociedad.

Esta decisión, explica, se adopta sin perjuicio de la eventual reapertura de la investigación "a la luz de posibles nuevos hechos derivados de futuros cambios accionariales, de gobernanza y de toma de decisiones en Indra".

La economía creció un 0,1% en el tercer trimestre, una décima menos de los esperado, por la resistencia del consumo al golpe la inflación, respecto al periodo entre abril y junio. El dato de PIB (Producto interior bruto) entre julio y septiembre confirma el frenazo de la actividad en España, aunque también refleja el impulso de la primera temporada turística completa y sin restricciones por la pandemia de COVID desde 2019.

En el segundo trimestre, el PIB rebotó un 2% (cinco décimas más del 1,5% adelantado), por encima de todas las grandes economías de la eurozona y de las previsiones.

El FMI (Fondo Monetario Internacional) ha estudiado las crisis de inflación similares a la actual desde 1960 y ha concluido que solo "una pequeña minoría fueron seguidas por una aceleración sostenida de los salarios y los precios". Entre los casos analizados se encuentran los periodos de inflación que se iniciaron en 1989 y en el 2000 en España, el que sufrió Alemania tras la caída del Muro de Berlín o el que se dio en Estados Unidos en los 80 por la escasez de petróleo.

El exeurodiputado socialista italiano Antonio Panzeri, señalado como el presunto cabecilla de la trama de corrupción dentro del Parlamento Europeo, ayudó a la eurodiputada griega Eva Kaili en su campaña por la reelección en los comicios de 2019, año en que Panzeri dejó la institución. En la legislatura anterior, en la que ambos coincidieron como eurodiputados, no compartieron membresía en ningún comité. Por aquel entonces, el italiano ya defendía las posturas de Qatar y Marruecos, según recuerdan algunos de sus compañeros.

Francesco Giorgi, que era asesor de Panzeri en el Parlamento y es la actual pareja de Kaili, confirmó a elDiario.es este apoyo en campaña tan solo cuatro días antes de la votación de 2019.

La negociación sobre pensiones avanza a ritmo lento, pero no puede demorarse mucho más. Se aproxima a su recta final y en el Ministerio de la Seguridad Social mantienen sus posiciones. La reforma debe incluir sus dos medidas comprometidas en esta última fase: el aumento de lo que cotizan los salarios más elevados, pero también la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión. Esta última medida aún tiene resistencias, tanto políticas (también dentro del Gobierno) como en los agentes sociales, pero en el Ministerio reiteran que es uno de los elementos fundamentales de la reforma y que por tanto debe salir adelante, según fuentes de la negociación.

El fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, estará confinado en casa de sus padres en Palo Alto (California) hasta el comienzo del juicio en Nueva York donde está acusado de fraude, a cambio del pago de 250 millones de dólares.

Así lo ha acordado hoy el juez que preside el caso contra el joven empresario, que hoy compareció por primera vez ante la justicia estadounidense tras haber sido extraditado desde Bahamas, donde residía, informaron medios locales. 

Durante su arresto domiciliario, Bankman-Fried llevará un sistema de localización para controlar su ubicación.

El Parlamento autónomo de Escocia aprobó este jueves una ley que reduce la edad mínima para solicitar el reconocimiento oficial de cambio de género desde los 18 años a los 16 y elimina la necesidad de contar con un certificado médico de disforia de género.

El proyecto de ley ha sido aprobado seis años después de que la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, lo propusiera tras dos de las consultas públicas más grandes en la historia del Parlamento escocés, según informa The Guardian.

Los solicitantes deberán firmar una declaración en la que aseguren que han vivido al menos tres meses identificados con su nuevo género -seis meses en caso de menores de 18 años- en lugar de tener que presentar pruebas de que han vivido con su nuevo género durante dos años, como requería hasta ahora la ley.

A principios de abril, la retirada de las tropas rusas tras su fracaso en el intento de avanzar hacia Kiev dejó al descubierto imágenes de cuerpos sin vida esparcidos por las calles de la localidad de Bucha y múltiples testimonios de los horrores vividos durante la ocupación. Moscú cuestionó la veracidad de los mismos y negó toda acusación de que sus efectivos estuvieran detrás de las atrocidades que conmocionaron a Ucrania y a la comunidad internacional.

Este jueves, el New York Times ha revelado, tras una nueva investigación de ocho meses, que los autores de la matanza de la calle Yablunska, una larga vía que atraviesa la ciudad, eran paracaidistas rusos del 234º Regimiento de Asalto Aéreo dirigidos por el teniente coronel Artyom Gorodilov.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la nueva Ley de Empleo, que transformará el actual Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en una nueva 'Agencia Española de Empleo', con la intención de "modernizar" y hacer más "individualizada" la atención al ciudadano, según ha defendido el Gobierno. Además, la norma incluye un mayor control previo de los despidos colectivos (ERE) a través de la Inspección de Trabajo, a través de una enmienda pactada entre EH Bildu y las fuerzas de la coalición, PSOE y Unidas Podemos.