Hace una semana, Portugal se despertó con la noticia de que se estaban llevando a cabo registros en ministerios y en la residencia oficial del primer ministro portugués, António Costa, en Lisboa. Cinco acusados fueron detenidos –dos de ellos muy próximos a Costa–, pero seis días después todos quedaron en libertad. Los cargos de corrupción y prevaricación no tenían pruebas que los sustentaran, en una decisión del juez instructor que, por el momento, vacía buena parte de la acusación que hizo caer al Gobierno portugués hace ocho días.