Dificultar por ley los despidos es la siguiente prioridad de los sindicatos mayoritarios en la crisis del coronavirus, además de proteger a colectivos desprotegidos que se queden sin ningún ingreso en estos días. Los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han denunciado en una rueda de prensa conjunta este jueves el alto número de despidos y extinciones de contratos temporales por parte de las empresas durante la emergencia sanitaria. En el gabinete económico de CCOO, a falta de datos oficiales, cifran en torno a "un millón" las personas que han sido expulsadas de sus empresas, de las que tres cuartas partes tenían un contrato temporal.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este jueves con una bajada del 2,49 %, hasta los 23,88 dólares el barril, por temor a que el paquete de estímulo económico de dos billones de dólares acordado en Washington no sea suficiente para compensar la caída brutal de la demanda de combustible derivada de las restricciones en los desplazamientos por el COVID-19.

A las 09.15 hora local (13.15 GMT) el barril cotizaba así por debajo de los 24 dólares tras restar 0,61 dólares respecto a la sesión del miércoles.

Los precios del petróleo abrieron a la baja arrastrados por la perspectiva de los inversores, que auguran una contracción de la demanda de petróleo de más de 10 millones de barriles por día (bpd), lo que provocará un exceso de oferta, especialmente a partir del 1 de abril, según los analistas.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha abogado por que el Gobierno permita suspender el pago del alquiler de pisos y locales comerciales a los afectados por la crisis del coronavirus, con medidas compensatorias para los arrendadores que también hayan perdido su empleo o hayan reducido sus ingresos.

"Tenemos que ser capaces de proteger a todas las personas que están viéndose en muchas dificultades para pagar el alquiler de su vivienda y de su local, si son pymes o autónomos, sin desproteger a los pequeños propietarios que a lo mejor también están en una situación difícil", ha dicho este jueves en una entrevista en La Sexta.

Ericsson ha firmado con la operadora de móviles griega Cosmote (del grupo Deutsche Telekom) el despliegue de su red de acceso por radio (RAN) para la quinta generación (5G), con lo que suma 86 tratos comerciales para el despliegue de esta tecnología en todo el mundo, cerca de los 91 de Huawei.

La fabricante sueca de equipos de infraestructura de telecomunicaciones ha anunciado el nuevo acuerdo con Cosmote este jueves.

La china Huawei tiene firmados 91 tratos y la finlandesa Nokia 68, según sus últimas cifras conocidas.

Huawei, Ericsson y Nokia encabezan un mercado de redes para 5G que solo tiene otras dos competidoras: la surcoreana Samsung y la china ZTE.

El problema que pone en evidencia la pandemia del coronavirus en los sistemas sanitarios de los países ricos no es tanto una falta de dinero como la necesidad de prever reservas de personal y material médico para situaciones excepcionales, según la OCDE.

"La crisis del COVID-19 demuestra que se necesita flexibilidad y adaptación en el uso de los recursos existentes, así como planificar respuestas si aumenta la demanda", explica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un documento que ha publicado para orientar las políticas de sus países miembros.

Fuentes de la organización insisten a Efe en que el colapso que viven los sistemas sanitarios de los países más afectados "no es necesariamente un problema de dinero", ya que incluso los que más gastan no están preparados para hacer frente a esta ola de pacientes.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha vuelto a pedir al Gobierno central que paralice las obras que se están realizando en la ciudad, dado que el Consistorio no tiene las competencias para hacerlo, y se trata de una actividad que sigue su curso de forma "injustificable" pese al estado de alarma.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Villacís ha insistido en esta petición al Ejecutivo central, después de que el pasado viernes ya hubiese remitido un informe a la Comunidad de Madrid para que ésta, a su vez, propusiese al Estado que se paralicen las obras.

Las empresas de participación pública se han sumado a los esfuerzos del conjunto del ámbito empresarial español por modificar su actividad para favorecer el combate de la expansión del Covid-19, mitigar su efecto en la población y proteger a sus trabajadores.

Así, las sociedades participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con actividad en sectores como el postal, el naval, el energético, el agrario o el de la distribución alimentaria, han puesto en marcha una serie de iniciativas para colaborar en esta lucha, según fuentes del holding empresarial dependiente del Ministerio de Hacienda.

SERVICIOS POSTALES

Correos mantiene el servicio postal en todo el territorio nacional con el 25 % de sus empleados trabajando de forma presencial, el mínimo que la compañía considera imprescindible para atender sus obligaciones.

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por José Luis Martínez-Almeida, ha aclarado este jueves que la funeraria municipal no dejó en ningún momento de recoger difuntos con coronavirus, pese a que dijo inicialmente de que dejaba de hacerlo el pasado martes y no fue hasta el miércoles cuando se anunció que se seguía prestando el servicio.

La portavoz del Gobierno municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha aclarado que cuando el lunes se dijo que no seguirían prestando servicios fue porque no tenían el material necesario pese a las reiteradas peticiones.

Sin embargo, ese día una rectificación del protocolo en el tratamiento de los cuerpos y los 300 monos de protección enviados por la Comunidad de Madrid permitió no interrumpir la labor.

Una cantidad sin precedentes de 3,28 millones de personas solicitaron acogerse a las prestaciones por desempleo en Estados Unidos la semana pasada, frente a las 282.000 solicitudes de la semana anterior, informó este jueves el Departamento de Trabajo.

El incremento, debido al cierre de actividades como respuesta a la epidemia de COVID-19, superó el récord histórico de 695.000 solicitudes en 1982.

El Gobierno ha prorrogado indefinidamente la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de Italia y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles, que terminaba este jueves, para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19.

Así lo ha indicado la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, que ha señalado que la orden ministerial que publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE) prolonga, hasta la finalización del período del estado de alarma o hasta que existan circunstancias que recomienden su modificación, la prohibición establecida el pasado 12 de marzo.

En la rueda de prensa que diariamente ofrece el comité técnico del coronavirus, Rallo también ha revelado que el ministro del ramo, José Luis Ábalos, mantendrá a lo largo del día una videoconferencia con los delegados del Gobierno, y que los niveles de movilidad se mantienen sin cambios respecto de los días anteriores, en torno al 10 % de su capacidad normal.