El borrador del protocolo de playas recomienda a las autoridades (ayuntamientos, costas, comunidades autónomas) que determinen el aforo de bañistas y las actividades que podrán realizar, y deja en manos de estos gestores fijar el número máximo de personas que podrán acudir en grupo a las instalaciones.
Según explica este viernes el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), el escrito insta a las administraciones competentes a que vigilen la capacidad de carga de las playas e implementen controles de accesos, organicen las entradas y salidas para evitar cuellos de botella o aglomeraciones, y determinen cómo se va a informar al usuario de que se ha alcanzado la capacidad máxima.
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