Una compañía hotelera que asegura que este año puede ser el "mejor de su historia" ha abierto una crisis corporativa inesperada y que afecta a una de las pocas empresas turísticas que cotizan en España. Minor International, el gigante tailandés dueño de NH Hotel Group, ha iniciado en las últimas semanas una disputa corporativa, por un lado, con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por otro, con los consejeros independientes -que deben representar a los accionistas minoritarios- y que han acabado fuera de la compañía.

Las empresas públicas estatales tienen en su alta dirección un porcentaje de mujeres 10 puntos superior al de las grandes compañías cotizadas del Ibex 35, pero también incumplen con la obligación de un 40% de altas directivas que establece la nueva ley de paridad aprobada este martes por el Consejo de Ministros.

A 24 de marzo de 2023, las 17 empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), incluyendo su matriz, tenían 31 mujeres y 66 hombres en sus comités de dirección.

Una pandemia, la guerra en Ucrania y la crisis de inflación. La última legislatura, para la mayoría de comunidades autónomas desde 2019 a la actualidad, ha estado marcada por las dificultades. Retos globales, pero que se han dejado sentir de manera diferente en los distintos territorios del país. Mientras los trabajadores de las regiones más industriales y sindicalizadas, como Euskadi o Navarra, han sufrido una menor pérdida de poder adquisitivo gracias a las subidas salariales, las más dependientes de la agricultura han recibido un mayor golpe de la inflación.

La banca arrastra los pies en el pago por los depósitos de sus clientes. Pero no con todos por igual. Este fenómeno, que contrasta con la rápida actualización de los precios de los préstamos, deja a los bancos españoles en mal lugar cuando se compara con las entidades europeas. Sin embargo, las grandes empresas sí obtienen unos réditos por los depósitos similares a los que obtienen las compañías en otros países del entorno, mientras que los hogares españoles son de los que menos perciben por dejar su dinero guardado en el banco.

El consejo de administración de la productora española Zinkia, presidido por el empresario Miguel Valladares, propondrá el próximo 23 de junio en la junta general ordinaria de accionistas, la venta de la marca Pocoyó, que cumple 20 años, a la compañía francesa Animaj Investment.

En concreto, esta operación incluye la transmisión de los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre Pocoyó, los contratos de distribución y licencia, las 'apps' y, en general, la totalidad de activos materiales e inmateriales vinculados a esta línea de negocio.

Zinkia ha precisado en un comunicado que quedan excluidos de este acuerdo los derechos vinculados a educación, que seguirán siendo desarrollados por la firma española a través de una licencia para explotarlos a nivel mundial.

Despedido por ser gitano. Es la conclusión a la que ha llegado un tribunal de León, que da la razón a Pedro H.R. un trabajador de etnia gitana que empezó a trabajar como camarero en un bar y que denunció a su empleadora por prescindir de él por su origen, asesorado por la Fundación Secretariado Gitano. La magistrada considera probado el "clima hostil que percibía el trabajador por su condición racial", por lo que concluye que el despido es nulo por discriminatorio y reconoce una indemnización por daños al afectado de de 7.501 euros.

Condena a una subcontrata por no aplicar la reforma laboral. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado una sentencia de instancia que condenó a una subcontrata de Nedgia S.A (Grupo Naturgy) por no subrogar al personal de la anterior empresa adjudicataria, como marca el convenio colectivo de la actividad externalizada, que es el que debe aplicarse según la normativa aprobada por el Gobierno, como ha adelantado El Periódico de Catalunya.

Las sentencias son las primeras que aplican el nuevo artículo 42.6 del Estatuto de los Trabajadores tras los cambios en la reforma laboral, advertía este martes el profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UOC, Ignasi Beltrán, que realiza un gran seguimiento de la jurisprudencia en esta materia en su blog 'Una mirada crítica a las relaciones laborales'.

Los sindicatos de la Inspección de Trabajo piden la dimisión de Yolanda Díaz. El conflicto en el organismo público vigilante de la legalidad laboral endurece el tono, con un gran enfado de los representantes de la plantilla ante el incumplimiento de un pacto con mejoras alcanzado hace casi dos años y los avances que logran otros departamentos del Gobierno. "Vemos a otros ministros firmar acuerdos, como en la Seguridad Social y en Justicia, y nosotros nada", denuncian fuentes sindicales, que señalan directamente a la ministra de Trabajo por "su falta de implicación" y de "diálogo" con la plantilla.

La Comunidad de Madrid tiene las ayudas al coche eléctrico en "lista de espera" desde hace meses, tras haber pedido por ahora al Gobierno central la mitad de lo que podría haber recibido en las dos ampliaciones del presupuesto que se han aprobado hasta el momento.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que hace unas semanas pedía "transparencia" al Ministerio para la Transición Ecológica sobre la ejecución de estas subvenciones, ha solicitado por ahora 114 millones del programa Moves III de ayudas para el fomento para la movilidad eléctrica, cuando podía haber pedido 171 millones.

La vivienda se ha convertido en uno de los principales temas de debate de la campaña electoral de las municipales y autonómicas. No solo por la aprobación de la Ley de Vivienda en vísperas de la cita con las urnas. También, por la promesa del presidente del Gobierno de construir 183.000 inmuebles con los que reforzar el parque de pisos en alquiler social o asequible.

Esa promesa supone reforzar un parque que, actualmente, roza las 300.000 casas en todos los territorios y donde las diferentes comunidades autónomas llevan su propio ritmo de construcción y promoción de pisos en alquiler, porque son ellas las que tienen las competencias en vivienda, aunque el Estado pueda diseñar un marco legislativo común para todas.