Hace una década, las socimis modificaron el panorama del mercado inmobiliario español. Estas sociedades de inversión especializadas en el alquiler, sea de viviendas, de centros logísticos o de oficinas, agitaron el escenario después de que el Gobierno de Mariano Rajoy cambiara la legislación y les diera ventajas fiscales. Desde entonces, grandes grupos, como Merlin, Colonial, Blackstone o TPG se han posicionado como socimis, pero no son los únicos. Ya cotizan en España más de 140 empresas bajo este paraguas. 

Ahora, en 2023, las socimis están cambiando.

Los planes económicos de un gobierno del Partido Popular con o sin Vox en España tienen precedentes muy preocupantes en el resto de Europa. Durante los últimos meses, en Reino Unido, en Italia y en Francia, algunas de las medidas o planes de los ejecutivos de derechas que comparten el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo y la formación ultra de Santiago Abascal han provocado grandes problemas y hasta crisis financieras y sociales.

PP y Vox han prometido bajar impuestos. Concretamente, el PP ha dejado claro que pretende derogar los tributos de patrimonio y de las grandes fortunas, que afectan mayoritariamente a las rentas más altas.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que Hacienda no puede declarar a un menor de edad sin rentas responsable solidario de las deudas de sus padres en la modalidad de tributación conjunta del Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas (IRPF) de la unidad familiar, confirmando una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en ese sentido.

La Sala considera que la Administración tributaria dispensa un trato discriminatorio a estos hijos menores de edad respecto a los hijos mayores de edad dependientes de los padres porque estos no son miembros de la unidad familiar ni están sometidos a la responsabilidad solidaria.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 143,6 millones de euros a Apple y otra de 50,5 millones de euros a Amazon por llegar a una serie de acuerdos secretos para perjudicar a sus competidores en la web oficial de la multinacional de comercio electrónico. Estos pactos restringieron "injustificadamente" el número de empresas que podían vender productos de Apple en Amazon e impidieron que Amazon publicitara productos rivales de Apple, señala el regulador de la competencia en su resolución publicada este martes.

The Phone House Spain ha notificado a la plantilla su intención de aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría a 304 empleados de 67 centros en España en los que trabajan 452 personas, una medida que la compañía achaca a causas económicas, productivas y organizativas, según han explicado fuentes de UGT a Europa Press.

En el marco de las negociaciones, que finalizarán el jueves de esta semana, las propuestas de la compañía para los trabajadores afectados son, por un lado, 22 días de indemnización por año trabajado hasta un máximo de 14 mensualidades o 23 días días con un máximo de 13 mensualidades.

La deuda de España sigue reduciéndose respecto al PIB (Producto Interior Bruto) por el crecimiento económico. La deuda pública aumentó en mayo hasta los 1,542 billones de euros, un récord. Pero la ratio respecto al PIB, que es uno de los indicadores principales con los que se mide la sostenibilidad de la deuda de un país, se redujo al 112,4%, 0,8 puntos porcentuales por debajo del 113,2% de cierre de 2022.

El endeudamiento es la primera ratio que se observa para medir la sostenibilidad financiera de un país.

Corría el año 1987 cuando la multinacional estadounidense AT&T escogió España para construir una nueva fábrica de semiconductores. Estuvo activa durante 14 años, durante los cuales llegó a ser una de las más avanzadas de Europa y tener casi mil trabajadores. Bajó la persiana en 2001 en el gran proceso de deslocalización del sector que acabó con las fábricas de la UE y EEUU concentradas en países asiáticos como Corea del Sur y Taiwán. Desde entonces, España apenas había tenido peso en la cadena de suministro internacional de microchips, pero esa situación está a punto de cambiar gracias a un acuerdo entre el Gobierno y Broadcom, una de las empresas más importantes del sector.

"Entras a una entidad bancaria para consultar por una hipoteca y es lo primero que te preguntan". Que si tiene usted un contrato indefinido. Por primera vez, Yovana González, de 33 años y trabajando desde los 23, puede decir que sí. "Siempre había estado con contratos temporales, donde me surgieran oportunidades, pero con la reforma laboral me hicieron indefinida", explica la joven, coordinadora de actividades educativas y de tiempo libre en colegios de Gijón (Asturias). "Antes tanto mis compañeras como yo nos encontrábamos en una continua incertidumbre", destaca la trabajadora.

La posible implantación de peajes en España a partir de 2024 es un tema que está marcando de forma inesperada la campaña electoral. Durante el cara a cara del 10 de julio entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el popular sacó un mapa con las carreteras en las que supuestamente se impondrán sistemas de pago, algo que el socialista negó. También la secretaria general del PP hizo referencia a esta polémica en el debate a siete de RTVE del 13 de julio.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha autorizado el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña. La orden también autoriza la transferencia de titularidad de la instalación de Nuclenor (empresa conjunta de Iberdrola y Endesa) a Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos nucleares que será responsable del desmantelamiento.

La previsión es que los trabajos empiecen en los próximos días. El Consejo de Seguridad Nuclear informó favorablemente sobre el desmantelamiento el pasado mayo. El desmantelamiento costará 475 millones de euros y prevé que hasta 350 personas trabajen en él de forma simultánea y se alargará hasta 2033.