El Estado volverá a Telefónica 26 años después de su salida. Así lo anunció este martes tras el cierre de la Bolsa el Gobierno, en una operación aprobada horas antes en el Consejo de Ministros. El desembarco de capital público en una multinacional de las telecomunicaciones no es una excepción en Europa. Francia, Alemania o Italia, entre otros países, participan en un sector considerado estratégico por su importancia en las comunicaciones o por su vinculación habitual con la defensa.

El caso español era, hasta el momento, casi como una excepción entre las grandes economías europeas.

Los títulos de Telefónica han abierto este miércoles con una subida superior al 6% tras conocerse la decisión del Gobierno español de mandatar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la adquisición de hasta un 10% de Telefónica, un anuncio que se realizó ayer tras el cierre del mercado.

En concreto, las acciones de la operadora en el Ibex 35 se revalorizaban un 6,45% nada más abrir el mercado, hasta los 3,795 euros por título. Posteriormente el valor oscila entre subidas del 5,5% y del 5,8%.

Sorpresa en el decreto ley que regula la reforma del subsidio de desempleo aprobada este martes. El Gobierno ha introducido en la norma la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos sobre los estatales y sectoriales que Pedro Sánchez prometió al PNV en el acuerdo de investidura.

La medida consiste en la prevalencia aplicativa de los convenios autonómicos sobre los sectoriales o estatales siempre y cuando obtengan el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora y resulten más favorables para las personas trabajadoras que los estatales.

La multinacional española Oesía, dueña de Tecnobit, proveedor clave del Ejército, está batiendo récords de ventas en pleno auge militarista en Europa y tras fichar en los últimos años a más de una docena de cargos, la mayoría, ex del Ministerio de Defensa.

El grupo, según ha podido confirmar elDiario.es, tuvo como accionista minoritario durante más de una década al aristócrata y empresario Francisco de Borbón Escasany. Hace unos meses presentó unas ventas récord de 244 millones de euros en 2022 (+44%), con pedidos de 850 millones.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el desembarco del Estado en el capital de Telefónica con hasta un 10% de las acciones. De este modo, la principal compañía de telecomunicaciones del país volverá a tener participación estatal tres décadas después de la privatización del grupo. La participación tiene un valor actual de mercado de unos 2.050 millones de euros.

La operación se realizará a través de la Sepi, la sociedad estatal que engloba las participaciones públicas en empresas. En un hecho relevante publicado al cierre del mercado, la Sepi ha explicado que el objetivo es "proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas".

El Gobierno ha dado respuesta al desembarco de Arabia Saudí en Telefónica. La compañía, considerada "estratégica" por el Ejecutivo, tendrá hasta un 10% del capital en manos del Estado. Aunque no se ha hecho mención ninguna a la presencia de la 'teleco' saudí en el grupo español, el movimiento llega meses después de conocerse la compra de hasta un 9,9% por parte del grupo árabe, propiedad del estado de aquel país. Esta participación, a precios de mercado, tiene una valoración de unos 2.050 millones de euros.

La operación se realizará a través de la Sepi, la sociedad estatal que engloba las participaciones públicas en empresas.

Adiós a la 'excepción ibérica' que permitió a España y Portugal poner un precio máximo al gas con el que se genera la electricidad. La medida, que lleva sin activarse desde febrero por la estabilización de los precios de la energía, decaerá de manera automática el 31 de diciembre de 2023, que es la fecha límite que estableció la Comisión Europea. La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha sugerido que ni siquiera plantearán una prórroga porque son conscientes del 'no' del gobierno comunitario, que ha pedido ya a los estados miembros que eliminen las ayudas que pusieron en marcha en lo peor de la crisis energética.

El Gobierno ha aprobado este martes un Real Decreto por el que se da vía libre al contenido de la Ley de Función Pública, cuya tramitación no pudo concluirse en la pasada legislatura por la convocatoria de elecciones. Ahora, el texto plagado de novedades para los funcionarios de la Administración General del Estado, sale adelante por esta vía para dar cumplimiento con los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Ejecutivo busca así cumplir con uno de los hitos acordados con Europa "en tiempo y forma".

El Gobierno ha dado este martes el pistoletazo de salida al nuevo esquema para garantizar que las grandes empresas paguen, al menos, el 15% de sus beneficios en impuesto de Sociedades. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley por el que se transponen la directiva europea que crea un sistema para garantizar que las empresas más grandes multinacionales paguen un mínimo por sus beneficios, evitando el impacto de los paraísos fiscales o los territorios de baja tributación para reducir su factura fiscal.

A la UE le costó tomar medidas para intervenir el mercado energético en lo peor de la crisis de precios del año pasado. Arrastrando los pies, los 27 acordaron en diciembre de 2022 poner un tope al precio del gas para evitar situaciones como las que atravesó Europa el pasado año. Ahora, un año después, con la mayoría de medidas a punto de caducar pero con los precios estabilizados, sobre todo con un desplome del de la energía, los ministros del área han decidido prorrogar esas medidas.