Para los maquinistas de la Deutsche Bahn, la gran empresa de ferrocarriles de Alemania, han sido meses de movilizaciones. Desde el pasado mes de noviembre han protagonizado una docena de huelgas, incluida la más larga de la que haya memoria en la reunificada Alemania tras la caída del muro de Berlín.

Esas movilizaciones han llegado a tener a la tercera economía del planeta en jaque, al igual que a la paciencia de muchos usuarios del tren en Alemania. A ellos, por su paciencia y comprensión o pese a su falta, el sindicalista Claus Weselsky se mostraba agradecido hace unos días cuando salió a la luz el acuerdo que el Sindicato de Alemania de Maquinistas (GDL), lograba tras duras negociaciones con la dirección de la Deutsche Bahn.

Dicen sus correligionarios y sus más férreos defensores que Mario Draghi está en posesión de ciertas dotes redentoras. Quizás sea así, porque al ex presidente del BCE, cargo al que accedió desde la cúpula ejecutiva de Goldman Sachs, y ex primer ministro italiano de consenso en el ajetreado contexto político transalpino, se le podría adjudicar al menos cuatro decisiones liberadoras en otros tantos episodios europeos casi apocalípticos.

El de mayor enjundia fue su famoso alegato de 2012 en defensa del euro, durante la crisis de la deuda, con su valor cambiario en caída libre, mediante el que alertó que el Banco Central Europeo (BCE), que presidía, “haría todo lo posible por preservar” la unión monetaria.

La familia Álvarez Otero, dueña de un 33% de la aseguradora Santalucía, con un multimillonario patrimonio inmobiliario y una de las más ricas de España, se ha convertido en primer accionista de Primero H, una pequeña inmobiliaria cotizada acogida el régimen de las socimi (con amplias ventajas fiscales) en la que han invertido decenas de grandes patrimonios y que se define como "la primera socimi social en España".

Los Álvarez Otero han tomado, a través de su sociedad Fida SL, algo más del 41% de esta socimi, según un documento remitido recientemente a Portfolio, la nueva Bolsa en la que cotiza esta firma.

Pocas instituciones multilaterales pueden presentar una hoja de servicios con una nota final tan brillante. Bajo su tutela como gendarme del libre tránsito de mercancías y servicios y juez para la resolución de conflictos, los flujos mercantiles se han incrementado más de 400 veces desde su constitución, en 1995. Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio (OMC), que acaba de clausurar su XIII Conferencia bienal sin casi repercusión, podría tener sus días contados.

La máxima autoridad del comercio global necesita un balón urgente de oxígeno, pero no parece que ninguna potencia mundial se lo vaya a proporcionar.

Los tambores de 'recortes' y austeridad vuelven a sonar en la Unión Europea (UE). En 2025, se restablecerán definitivamente las reglas fiscales comunitarias, tras permanecer cuatro años suspendidas para hacer frente al doble shock de la pandemia y de la crisis de inflación por la invasión rusa de Ucrania. La propia Comisión Europea, el Banco de España y el resto de sospechosos habituales han corrido a advertir que hay afrontar lo que eufemísticamente denominan "consolidación fiscal".

Pero también hay propuestas alternativas, como la que firman los economistas Jorge Uxó, Eladio Febrero, Iván Ayala y Paloma Villanueva.

En una de esas reuniones del Consejo de Administración de Prisa cuando la empresa ya estaba en una situación desesperada, uno de sus miembros avisó de que debía coger un avión para desplazarse a París por un compromiso irrenunciable. Juan Luis Cebrián le dijo que no se preocupara. Él iba a utilizar el jet privado contratado por la empresa para viajar a Londres y podía desviarse de su ruta para dejarle en la capital francesa. Como quien le dice a un amigo que se suba al taxi para llevarlo a casa después de una cena.

La transformación social para un mundo más justo y sostenible llegará de la mano de la economía social o, de lo contrario, difícilmente se hará realidad. Así lo cree al menos el economista Eloi Serrano, director de la Cátedra de Economía Social de Tecnocampus-Universitat Pompeu Fabra (UPF), con sede en Mataró (Barcelona), protagonista de una nueva entrega de Economía fuera del carril, la serie de videoentrevistas coproducida por Alternativas Económicas, ElDiario.es y Looky Produccions, que aspira a dar visibilidad y voz a tradiciones de pensamiento económico alejadas del enfoque convencional, de matriz neoliberal.

Las protestas del campo han devenido en una crisis por ver quién representa a los agricultores y ganaderos. El motivo: el plan de 43 medidas que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presentó después de Semana Santa a las asociaciones que canalizan los intereses del sector primario y que han roto su unidad de acción. Dos de ellas ya han sellado un acuerdo con el ministro Luis Planas. Se trata, por un lado, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), con un perfil más progresista. Por otro, la Unión de Uniones, que ha tenido su propio calendario de protestas y que, hasta este acuerdo, no estaba reconocida como un interlocutor oficial con la capacidad de sentarse a la mesa con el ministro.

Juan Luis Cebrián ha anunciado que llevará a los tribunales al Grupo Prisa por su destitución como presidente de honor del periódico. El consejo de administración de Prisa Media decidió “de forma unánime” el cese Cebrián, una vez que el que fuera fundador y director del periódico se haya incorporado a la nómina de colaboradores del medio conservador The Objective, donde hará entrevistas en vídeo a diferentes personalidades. 

Según fuentes de Prisa, Cebrián “no solicitó la autorización preceptiva para colaborar en otro medio de comunicación”.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que avala que una empresa obligue a sus trabajadores a llevar corbata incluso en los meses de verano si las condiciones no atentan contra la dignidad del trabajador. Los jueces han rechazado el recurso de un sindicato contra la decisión de la empresa de seguridad de El Corte Inglés de imponer a sus vigilantes el uso de esta prenda en los meses de verano, al entender que "no atenta contra la dignidad de los trabajadores" y que solo afecta a los que realizan su labor de cara al público en zonas del centro comercial con aire acondicionado.