El banco suizo UBS considera que los precios de la vivienda en Madrid han empezado a estar inflados en 2019. En su "Índice de riesgo de burbuja inmobiliaria global 2019", la entidad afirma que los activos inmobiliarios en la capital española estaban "bien valorados" en 2017 y 2018, pero ahora deben entrar en la zona de "sobrevalorados". El siguiente paso, en el que están localidades como Ámsterdan y París, es el de las ciudades "con riesgo de burbuja".

El análisis del banco incluye veinticuatro ciudades en todo el mundo, y este año por primera vez añade Madrid, junto a Moscú, Dubai y Tel Aviv a la selección.

El banco suizo UBS considera que los precios de la vivienda en Madrid han empezado a estar inflados en 2019. En su "Índice de riesgo de burbuja inmobiliaria global 2019", la entidad afirma que los activos inmobiliarios en la capital española estaban "bien valorados" en 2017 y 2018, pero ahora entran en la categoría de "sobrevalorados". El siguiente paso, en el que están localidades como Ámsterdan y París, es el de las ciudades "con riesgo de burbuja". La capital española ocupa el puesto 17 entre las 24 urbes analizadas, un listado que encabeza por su mayor riesgo Múnich y que cierra Chicago, donde se considera por contra que los activos están infravalorados.

El Gobierno argentino promulgó este lunes un decreto que obliga a "todas las jurisdicciones y entidades del Estado nacional" a "invertir sus excedentes transitorios de liquidez mediante la suscripción de Letras" emitidas por el Tesoro Nacional, a un plazo que no supere los 180 días.

Esta medida, que no se aplicará a "bancos públicos, Poder Legislativo nacional ni Poder Judicial", nace "como consecuencia de la inestabilidad financiera y cambiaria que atraviesa la economía" del país, sumida en una crisis desde mediados del año pasado que se ha recrudecido tras las elecciones primarias de agosto.

"Una de las necesidades más urgentes es la de asegurar el mantenimiento del financiamiento fiscal a corto plazo, mientras las demás medidas implementadas generan los efectos necesarios para recuperar el acceso a medios de financiamiento que en este momento no resultan accesibles a costos razonables", recoge el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial.

El déficit público sumó en los seis primeros meses del año 26.769 millones de euros, cifra que equivale al 2,14 % del PIB y es un 17,9 % más alta que en el mismo periodo de 2018, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda.

Hacienda precisa que la comparación entre los datos de los seis primeros meses de este año y del pasado no es homogénea porque la subida de pensiones y salarios de empleados públicos de 2018 se empezó a aplicar en julio cuando la de 2019 se abona desde enero.

Una vez incorporadas las ayudas a la banca, el déficit público del primer semestre se situó en 26.711 millones, un 18,1 % más que en el mismo periodo de 2018 y equivalente al 2,14 % del PIB, una cifra que supera el objetivo para el conjunto del año (2 % del PIB).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga posibles prácticas anticompetitivas consistentes en una "denegación sistemática e injustificada" de acceso a una red de cajeros a determinadas entidades financieras en las mismas condiciones favorables que las ofrecidas a otras entidades.

Dicha práctica, indica la CNMC, se habría desarrollado durante varios años hasta el momento actual, con el objetivo de perjudicar la capacidad competitiva de determinadas entidades en el mercado de provisión de medios de pago.

La CNMC realizó entre los días 25 y 27 de septiembre inspecciones domiciliarias en las sedes de varias empresas que operan en el citado mercado, tanto en entidades bancarias como en administradoras de redes.

Un total de 1.018 trabajadores del Banco Santander que se acogieron al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado por la entidad y los sindicatos el pasado mes de junio ya han abandonado el banco y, de ellos, la mayoría corresponden a Madrid (280) y Sevilla (70).

Según los datos facilitados la semana pasada en la comisión de seguimiento del ERE, según UGT, en Barcelona se han producido 54 salidas, en La Coruña, 53; en Valencia, 50; en Cantabria y Valladolid, 29; en Asturias y Vizcaya, 27; en Málaga, Pontevedra y Las Palmas, 24; en Alicante, 22; y en Santa Cruz de Tenerife, 20.

El Banco de España ha mantenido en el 0 % el colchón de capital anticíclico que se aplicará a las exposiciones crediticias en España en el cuarto trimestre, ha informado la entidad en una nota este lunes.

El colchón de capital anticíclico es un instrumento macroprudencial que busca que las entidades de crédito acumulen capital en las épocas de crecimiento del crédito para que pueda ser liberado en las fases del descenso, de manera que contribuye a suavizar las oscilaciones del ciclo de crédito.

De esta forma, el colchón refuerza la solvencia del sistema bancario durante las fases de crecimiento, que es cuando habitualmente se produce una acumulación de riesgos, y ayuda a mitigar la disminución del flujo de crédito nuevo a la economía cuando dichos riesgos se materializan.

El Gobierno municipal de Barcelona y los grupos de ERC y JxCat han acordado pedir al Govern que modifique la ley sobre el impuesto de las estancias en establecimientos turísticos de forma que la ciudad pueda aplicar un recargo, de hasta un máximo de 4 euros, que recaudaría íntegramente el consistorio.

Se trata de una propuesta impulsada por ERC que ha logrado el apoyo de los grupos de Barcelona en Comú, el PSC y JxCat y que el pleno ha aprobado con el voto en contra de los de Ciudadanos, PP y Barcelona pel Canvi.

Una vez aprobada la proposición, el acuerdo se eleva ahora al Parlamento de Cataluña, a quien la propuesta insta a modificar la ley del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos para que el recargo aprobado hoy se pueda materializar.

La factura de la luz se abarató un 3,26 % en septiembre con respecto al mes anterior, encadenando un segundo descenso después de que en julio repuntara un 4,1 % tras nueve meses consecutivos a la baja.

Según los datos obtenidos del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la factura para un consumidor tipo -con una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo anual de 3.000 kilovatios hora (250 KWh al mes)-, acogido a la tarifa regulada o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), se situó en septiembre en 52,43 euros, 1,77 euros menos que en agosto.

El presidente de Fedetaxi, Miguel Angel Leal, ha anunciado este lunes medidas judiciales contra una decena de empresas de VTC (vehículos de alquiler con conductor), así como ante las plataformas digitales que dan cobertura a sus servicios, Uber y Cabify, debido a su responsabilidad laboral por la existencia de falsos autónomos.

Las acciones judiciales de los servicios jurídicos de la Asociación Gremial del Taxi de Madrid y Fedetaxi se centrarán en poner de manifiesto la naturaleza de la relación que une a los conductores de las empresas de VTC con las plataformas digitales para las que prestan servicios, ha detallado la federación en un comunicado.