Rapapolvo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) a Italia, pero que tiene efectos para España y todos los países miembros de la UE. La justicia europea ha dictaminado este martes que los países comunitarios están obligados a vigilar para que las entidades públicas respeten los plazos de pago a sus proveedores no superiores a 30 o a 60 días en sus operaciones comerciales, según el caso.
Así, los Estados no solo deben legislar en sus normativas internas que los plazos máximos de pago y reconocer la compensación de intereses en caso de retraso, como marca la legislación europea, sino que deben también ejecutar una "observancia efectiva" en el conjunto de la Administración para garantizar que estos plazos se cumplan.